A un mes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, madres y padres de los estudiantes regresarán este jueves a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, en un encuentro marcado por nuevas detenciones, líneas de investigación y la exigencia que permanece sin respuesta: conocer el paradero de sus hijos.
Este fue el primer encuentro entre las familias y la mandataria desde el 28 de mayo. También será el primero después de la detención y vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
Antes de recibirlos, Sheinbaum aseguró este jueves que el Gobierno expondrá las investigaciones que condujeron a las nuevas detenciones y adelantó que solicitó preparar, antes del próximo 26 de septiembre, información pública sobre las líneas que actualmente sigue la Fiscalía General de la República (FGR), siempre que su divulgación no comprometa las pesquisas abiertas.
Entre los avances destacados por la presidenta está un nuevo análisis de las llamadas telefónicas realizadas durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
?Padres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llegan a su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
— Azucena Uresti (@azucenau) August 27, 2026
La mandataria señaló que hoy se les informará la forma en que se realizó la investigación para la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.
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Sheinbaum explicó previamente que investigadores profundizaron en los registros para establecer quién se comunicó con quién, en qué horarios, cuántas veces y qué conexiones existieron entre distintas personas. Según la mandataria, estos cruces permitieron abrir líneas que alcanzaron a individuos que anteriormente no habían sido involucrados en el expediente y que ahora se encuentran detenidos.
Ángel Aguirre llega al centro de la reunión
Uno de los temas centrales será el proceso contra Ángel Aguirre, quien gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los ataques de Iguala.
La FGR informó el 12 de agosto que Aguirre fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de desaparición forzada, bajo la hipótesis de que ocultó información relevante relacionada con la investigación. El exmandatario permanece sujeto a prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.
La teoría presentada por la Fiscalía incluye testimonios sobre videograbaciones realizadas por cámaras ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala, que habrían captado uno de los autobuses en los que viajaban los estudiantes. Dos testigos forman parte de la acusación sobre el presunto ocultamiento y destrucción de esas evidencias.
Del desencanto de mayo a las nuevas investigaciones
El encuentro también representa una prueba para la relación entre las familias y el Gobierno federal.
El pasado 28 de mayo, tras más de dos horas en Palacio Nacional, madres y padres salieron inconformes. Su abogado, Isidoro Vicario, aseguró entonces que habían recibido “poca información” después de seis meses sin reunirse con Sheinbaum.
En aquella cita también se les informó que no sería posible el regreso formal del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya reincorporación habían solicitado. El Gobierno se comprometió a explorar otro mecanismo de asistencia internacional.
Otro pendiente fueron los 853 folios de inteligencia militar que las familias consideran relevantes para esclarecer el caso. Los familiares sostienen, con base en hallazgos del GIEI, que contienen información relacionada con el seguimiento realizado por el Ejército a los estudiantes. En mayo, dijeron que Sheinbaum les comunicó que las Fuerzas Armadas afirmaban no contar con esos documentos.
La preocupación permanece. Abel Barrera, director de Tlachinollan, advirtió después de la detención de Aguirre que el proceso contra el exgobernador no debería convertirse en un elemento que concentre la investigación únicamente en autoridades estatales y deje de lado otras líneas, entre ellas el papel de elementos militares.
Por ello, la evaluación de las familias al salir de Palacio Nacional será determinante. Después de casi 12 años, el debate ya no gira únicamente alrededor de si existen nuevas investigaciones o detenidos, sino de si esos avances permiten finalmente reconstruir lo ocurrido y determinar dónde están los estudiantes.
