El Estado mexicano no puede mantenerse en un impasse frente a la tragedia de los desaparecidos, ni dejar la labor de búsqueda exclusivamente en manos de las familias para limitarse a administrar cifras y estadísticas, exigieron integrantes de organizaciones civiles.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por la ONU, se realizaron diversas actividades en la capital del país. Entre ellas, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) marchó y emitió un posicionamiento para exigir que la problemática no se reduzca a folios o números, pues se trata de vidas humanas.
La jornada estuvo marcada, entre otras cosas, por la indignación: el 29 de agosto, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos en Culiacán, Sinaloa, mientras se encontraba con su familia. El hecho desató la condena de diversos colectivos, que exigieron justicia y el esclarecimiento inmediato de la agresión.
El MNDM señaló que no bastan los registros ni los protocolos: “Exigimos prevención, búsqueda, identificación y justicia. México necesita pasar de los diagnósticos a resultados concretos: prevención efectiva, búsqueda oportuna, investigación eficaz, identificación digna, justicia sin dilaciones y verdad para las familias”.
Las organizaciones enfatizaron que quienes desaparecen son mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes, migrantes, personas de la diversidad sexual y de género, defensoras de derechos humanos y periodistas, entre muchos otros.
Reiteraron que un registro no encuentra a una persona, un expediente no sustituye una investigación y una recomendación no transforma la realidad si no se cumple. Aunque México cuenta con un marco jurídico e institucional para garantizar la seguridad, insistieron en que es urgente pasar del papel a los hechos.
Estos desafíos están documentados tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que han emitido recomendaciones al Estado mexicano.
En su informe Desapariciones en México, publicado el 11 de mayo de 2026, la CIDH emitió 40 recomendaciones donde reconoció el esfuerzo de los colectivos, pero advirtió sobre retos persistentes: respuestas tardías, investigaciones fragmentadas, impunidad, crisis de identificación y graves riesgos para quienes buscan.
“Basta de normalizar que las familias tengamos que asumir tareas de búsqueda que corresponden al Estado”, recriminaron.
Exigieron pasar de administrar la crisis de desaparecidos a erradicarla: de registrar desapariciones a impedir que ocurran; de recibir denuncias a buscar de inmediato; de abrir expedientes a investigar y sancionar; de localizar a identificar con certeza; de la justicia tardía a la efectiva; del silencio a la verdad; y de escuchar a las familias a construir con ellas las decisiones que les afectan.