Me encantó la iniciativa de la presidenta Sheinbaum de reducir las llamadas “pensiones doradas”, que son (eran) jubilaciones excesivas, superiores al sueldo presidencial, otorgadas a altos ex funcionarios de organismos descentralizados y empresas estatales como CFE, Pemex, Luz y Fuerza Nafin, Banobras y Bancomext. Eran un abuso, excesivas, y que, durante décadas, los diversos gobiernos toleraron para los privilegiados que laboraron en esas entidades y que al final, sangraban al erario federal.
Me alegra porque esas pensiones, que alcanzaban cientos de miles de pesos mensuales a cada jubilado, son un insulto frente a las pensiones promedio de los trabajadores del País. Y es que el Gobierno federal está hoy urgido de recursos, pues desde que llegó AMLO, consumió reservas, fondos y fideicomisos y necesitan dinero para sostener los compromisos del presupuesto, pues han tenido que recurrir a que crezca la deuda pública como nunca antes se había tenido: 52.6 % del PIB nacional, 18.2 billones de pesos, nivel de alto estrés financiero.
Sí, me alegro, porque la Cámara de Diputados aprobó en lo general (con 458 votos a favor) el 25 de marzo de 2026 la reforma para eliminar esas “pensiones doradas”, con la reforma al artículo 127 Constitucional, estableciendo un tope máximo de jubilación, equivalente a la mitad del salario de la Presidenta. No lo veo solo por el ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos en el presupuesto federal, sino porque evidenció el enorme apoyo popular a la medida, en comparación con los pocos jubilados fifis privilegiados que por décadas han gozado de las pensiones.
El argumento de los beneficiarios, ex funcionarios que han reclamado la medida alegando derechos adquiridos y retroactividad, es que tienen derecho a la pensión y claro que la tienen, pero no “doradas”.
Feliz estoy, porque la reforma pone fin a un régimen de privilegios que permitía a unos pocos recibir ingresos elevados, destinando ahora esos recursos al gasto público y esperamos, a programas sociales. Esta medida pone al descubierto, a los “jovenazos” jubilados, porque se jubilaron muy jóvenes, con menos de 50 años de edad y alrededor de 30 años de servicio, esquema destinado a tronar a las paraestatales. Menos del 0.1 % de la población nacional, recibiendo lo que equivaldría a repartirse entre el 29 % de quienes reciben pensiones mínimas. En muchos casos que conozco (fui trabajador de CFE por 12 años), estas pensiones eran escandalosas y las comenzaban a recibir al jubilarse jovensísimos; algunos llegaban a cientos de miles o incluso más de un millón de pesos mensuales en casos como NAFIN, muy por encima de la pensión promedio en México, que ronda los 7 mil pesos mensuales. La versad es que no era justo que un pequeño grupo recibiera pensiones millonarias, mientras la mayoría de los jubilados tienen ingresos mucho menores.
Lo malo, es que no se tocan a las pensiones acordadas con Sindicatos o el Poder Judicial o las Fuerzas Armadas, que se quedan fuera de los cambios, donde hay pagos mensuales que pueden superar los 300 mil pesos. Ahora, ninguna jubilación de servidores públicos rebasará los 70 mil pesos mensuales (equivalente a la mitad del salario de la presidencia). La reforma ha provocado protestas de algunos jubilados de las empresas mencionadas, quienes argumentan que se violan “derechos adquiridos” (yo diría, privilegios adquiridos) y que la ley no debería aplicarse de forma retroactiva. Ni modo. Es el bien de las mayorías contra el de una minoría privilegiada.
El tope afectará a más de 38 mil exfuncionarios que actualmente perciben montos por encima del nuevo límite legal. En CFE se identificaron a 2,199 pensionados que reciben montos superiores al salario de la presidencia (es una grosería, hay 54,008 pensionados en cantidad mayor que los que están en activo). Pemex, donde los excesos fueron otro detonante de su quiebra, seis exdirectivos con montos que superaban los 4 millones de pesos anuales y hay casi 100 mil personas que rebasan el tope ya aprobado por el Congreso. Qué bueno que se los quitaron.
La medida, dirigida a quienes perciben entre 200 mil y más de 1 millón de pesos mensuales, dará un alivio a las finanzas de estas paraestatales que fueron por décadas exprimidas y cuya deuda ahora debemos pagar todos los mexicanos. Con la pena, pero se acabaron, por fin, las “pensiones doradas” para esos jovenazos jubilados desde edades tempranas, para encauzarlo a programas sociales.