El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha pedido al Tribunal Supremo que rechace los incidentes de nulidad presentados por Ábalos y García tras la sentencia que les impuso penas de 24 años y tres meses y 19 años y ocho meses de prisión, respectivamente.
Para la Fiscalía, los escritos no plantean una vulneración nueva de derechos fundamentales, sino que recuperan argumentos que ya fueron discutidos durante el procedimiento y rechazados por el alto tribunal. Por eso considera que esta vía no puede utilizarse para reabrir el debate sobre las pruebas o sobre las decisiones adoptadas durante el juicio.
El objetivo de estos incidentes es limitado: permiten reclamar ante el propio tribunal cuando se considera que una resolución ha vulnerado determinados derechos fundamentales. Además, su presentación es necesaria antes de poder acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
El escaño de Ábalos, uno de los principales argumentos
Uno de los puntos centrales de la defensa del exministro de Transportes vuelve a ser el tribunal que debía juzgarle. Ábalos sostiene que, después de renunciar a su acta de diputado, su causa tendría que haber pasado a la Audiencia Nacional al perder la condición de aforado.
Sin embargo, el Supremo ya estableció durante el procedimiento que ese cambio no procedía. Ábalos dejó su escaño el 28 de enero, cuando el juicio oral ya había sido abierto. Según la doctrina aplicada por el alto tribunal, ese momento resulta determinante para mantener la competencia sobre el procedimiento.
La defensa también cuestiona la valoración de las pruebas, la presunción de inocencia y la imparcialidad de algunos magistrados. García plantea objeciones similares. La Fiscalía considera, no obstante, que entrar nuevamente en esas cuestiones supondría convertir el incidente de nulidad en una segunda revisión de la sentencia.
Aldama y el PP también piden mantener el fallo
La oposición a las reclamaciones no procede únicamente del Ministerio Fiscal. Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio de prisión pero sin ingreso en prisión, también ha solicitado que sean rechazadas.
Su defensa sostiene que Ábalos y García participaron durante todo el procedimiento, pudieron presentar pruebas y alegaciones y recibieron respuesta a sus peticiones. Por tanto, entiende que el hecho de no compartir las conclusiones del Supremo no implica que se hayan vulnerado sus derechos.
La acusación popular unificada, encabezada por el PP, mantiene igualmente esta posición. Su argumento es que una valoración judicial distinta de la defendida por las partes no equivale a que la prueba no haya sido examinada.
El escenario que dibuja la Fiscalía es, por tanto, poco favorable para las defensas. Si el Supremo rechaza los incidentes, Ábalos y García todavía podrían intentar acudir al Tribunal Constitucional, aunque para ello deberán superar previamente este trámite procesal. @mundiario