En el marco de la presentación de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la actualización estadística, un grupo de organizaciones manifestaron su preocupación ante una actualización que privilegia la gestión administrativa sobre la realidad de las familias en territorio.
Las familias y colectivos organizados en el Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), y la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas-RIAPD señalaron que, a pesar de los discursos de cercanía, observamos con preocupación que continúan tomando decisiones sin consultar de forma amplia y participativa a las familias y plataformas, siendo que el año pasado impulsamos un diálogo con la Secretaría de Gobernación para establecer una agenda amplia para la búsqueda, investigación, identificación y restitución de nuestros seres queridos.
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Las organizaciones piden transparencia y metodología en el Registro, porque “resulta preocupante que no se haya detallado la metodología de lo presentado hoy. El uso de criterios meramente burocráticos para dimensionar la crisis corre el riesgo de minimizar la dimensión real del delito”.
Piden “una base de datos sustentada principalmente en la denuncia penal ignora la realidad de las fiscalías en México, así como el subregistro derivado de la desconfianza a las instituciones y la falta de condiciones de seguridad para denunciar. El número de expedientes no equivale al número de personas desaparecidas, por lo que no debe utilizarse para minimizar la magnitud de la desaparición de personas en México”.
Seguimiento a la información
Otra de sus exigencias es la “obligación de las autoridades en el seguimiento de información. Sobre los registros señalados como "sin información" (aproximadamente 46 mil), recordamos que es responsabilidad de las autoridades asegurar que cada reporte cuente con información completa y necesaria para la búsqueda”.
Las organizaciones indicaron que “clasificar estos casos bajo esta categoría es una omisión de la responsabilidad del Estado en su deber de seguimiento con participación de las familias. La falta de datos en un registro es un reflejo de la inacción institucional, no una justificación para dejar de buscar”.
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También “persisten deudas en la implementación de la Ley General desde 2017, las cuales hoy se acumulan con los pendientes derivados de la reciente reforma. La política de Estado en materia de desaparición no puede construirse desde la opacidad”.
Reiteraron su solicitud de abrir un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum y que “debe garantizarse la transparencia y el acceso pleno a la información para las familias, particularmente sobre la metodología y seguimiento alrededor del RNPDNO y Base Nacional de Carpetas de Investigación, así como todos los procesos relacionados a la búsqueda, investigación e identificación”.