Marruecos ha comunicado al Gobierno español que está investigando la entrada masiva de personas registrada a finales de julio en Ceuta y, al mismo tiempo, Pedro Sánchez ha decidido poner sobre la mesa toda la documentación previa que obre en poder del Estado. El objetivo del Ejecutivo es convencer de que sí está siendo transparente y, si puede, cerrar el debate sobre si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia avisaron con suficiente antelación de lo que podía suceder.

La apertura de la investigación marroquí fue comunicada, según fuentes del Gobierno español, por el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Bourita, a su homólogo español, José Manuel Albares. El anuncio llega en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Madrid y Rabat.

El Gobierno de Marruecos insiste en que no existen pruebas sólidas que permitan responsabilizar al país vecino de haber organizado la avalancha, mientras la oposición y los socios parlamentarios reclaman explicaciones sobre el papel que pudieron desempeñar las autoridades marroquíes. Sánchez volvió a defender este jueves en el Congreso que el Ejecutivo no dispone de evidencias suficientemente sólidas para atribuir a Marruecos la organización de la entrada masiva. Pero sí matizó que, si aparecieran, el Gobierno actuaría “con total contundencia”.

El dosier permite a La Moncloa mantenerse entre las dos aguas en las que navegado evita acusar a Rabat sin pruebas concluyentes, una decisión coherente con la importancia estratégica que el Ejecutivo concede a la relación bilateral. Pero también deja abierta la puerta a tener que responder si las investigaciones terminan acreditando una implicación marroquí. El Gobierno insiste en que no ha cambiado de posición, y que no se puede atribuir responsabilidad a nadie cuando no existen evidencias suficientes. El problema es que la controversia política ya no se limita a determinar quién organizó la crisis, sino también a establecer qué información tenía España antes de que se produjera. Y ahí es donde Sánchez ha decidido jugar su carta documental.

El presidente anunció que el Ejecutivo prepara un dosier con los informes policiales y de inteligencia elaborados antes de la entrada masiva de más de 70.000 personas. La intención oficial es que los medios de comunicación y los ciudadanos puedan examinar directamente la documentación y comprobar si realmente existieron avisos que permitieran anticipar una operación de semejante dimensión.

Fuentes de La Moncloa apuntan a que el dosier reunirá alrededor de una decena de informes y que su publicación deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros. Por tanto, a menos de que se convoque una reunión extraordinaria, la documentación no verá la luz antes de la próxima reunión ordinaria del Ejecutivo el martes que viene. Sánchez pretende así desplazar el debate desde las declaraciones políticas hacia los documentos. La pregunta ya no sería únicamente qué dice el Gobierno sobre lo sucedido, sino qué decían sus propios organismos antes del 30 de julio.

Interior frente a Defensa

La publicación sucede después de que el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), incoado por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, haya sacado los colores al Gobierno con duras críticas de la oposición e incluso del bloque de investidura, en la víspera de la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Antes de todo esto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había defendido que no existieron avisos policiales que anticiparan una entrada masiva de las dimensiones finalmente registradas y que tampoco recibió alertas de los servicios de inteligencia en ese sentido.

La titular de Defensa, Margarita Robles, sostuvo una versión diferente al señalar que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí había advertido sobre el riesgo de una entrada en Ceuta.  Sánchez ofreció en el Congreso algunos detalles de la documentación que formará previsiblemente parte del dosier. Durante el mes anterior a la crisis, el CNI elaboró dos informes de situación en los que advertía de un incremento de los cruces por el espigón y recomendaba “extremar la precaución”. El 27 de julio, la Policía remitió un formulario de “hechos relevantes” en el que recogía el aumento de las entradas a nado. Según Sánchez, el documento no contenía un aviso prospectivo sobre una entrada masiva.

La pieza más relevante aparece el 28 de julio. Ese día, el CENIF elaboró una nota informativa basada en fuentes abiertas en la que advertía de que el contexto geopolítico podía elevar el riesgo de saltos masivos, especialmente coincidiendo con el Día del Trono marroquí, el 30 de julio.

El documento también recogía señales en redes sociales: venta de trajes de neopreno y aletas, relatos de experiencias anteriores y convocatorias en grupos de mensajería que aludían a una supuesta permisividad durante esa jornada y a las condiciones meteorológicas. El informe, sin embargo, atribuía a esas señales un alcance limitado y contemplaba un escenario de incremento paulatino, no una avalancha de decenas de miles de personas.

El 29 de julio: la víspera que concentra todas las preguntas

El día anterior a la crisis aparecen otros dos elementos especialmente relevantes. Una nueva nota del CENIF advertía de un “riesgo potencial de entradas” coincidiendo con distintas fechas señaladas del calendario marroquí. El documento contemplaba una alta probabilidad de nuevos cruces a nado, aunque estimaba que su impacto sería bajo o medio.

Al mismo tiempo, la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil intercambiaron información sobre una convocatoria difundida en redes sociales para intentar cruzar al día siguiente. Sánchez quiso restar valor predictivo a ese aviso. El grupo de Facebook en el que se había difundido la convocatoria tenía unos 180.000 integrantes, pero esa cifra —remarcó el presidente— no significaba que las autoridades esperasen que esa cantidad de personas fuera a intentar cruzar la frontera.

A partir de la última nota del CENIF se enviaron alertas a los puestos fronterizos. La primera, según explicó Sánchez, se emitió el 29 de julio a las nueve de la noche. Otras dos llegaron el 30 y el 31 de julio, cuando la entrada masiva ya se había producido. Este dato permite entender por qué la publicación del dosier resulta políticamente decisiva.

El Gobierno quiere demostrar que sí existió vigilancia, sí hubo intercambio de información y sí se activaron mecanismos de alerta. La oposición tratará de averiguar otra cosa: si esos mecanismos fueron suficientes, si la información llegó a quienes tenían capacidad de decisión y si las conclusiones de los informes fueron correctamente interpretadas. La diferencia entre ambas lecturas puede determinar buena parte de las responsabilidades políticas que se exijan. @mundiario