Una investigación de The New York Times desmiente la versión oficial del bombardeo conjunto entre Ecuador y Estados Unidos del 6 de marzo en Sucumbíos. Lejos de destruir un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, el ataque cayó sobre una finca ganadera y lechera en plena operación. Testimonios de propietarios, trabajadores y vecinos, junto a reportes de medios locales, contradicen la narrativa gubernamental y revelan daños a la población civil
Texto: Gabriela Ruiz
Foto: Cortesía Radio Pichincha
ECUADOR. – Una investigación de The New York Times publicada el 24 de marzo de 2026 revela que el bombardeo conjunto entre Ecuador y Estados Unidos del 6 de marzo en San Martín, Sucumbíos, no destruyó un supuesto campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, como afirman fuentes gubernamentales, sino una finca ganadera y lechera en plena operación. Testimonios de propietarios, trabajadores y vecinos desmienten la versión oficial. Los medios locales refuerzan las denuncias de incursiones previas de las fuerzas y daños —incluso tortura a civiles—. ¿Qué está en juego si se cuestiona la narrativa oficial de la lucha contra el narcoterrorismo?
Operación “Exterminio Total”
La operación “Exterminio Total” fue presentada por las autoridades ecuatorianas como la primera acción aérea conjunta significativa entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y Estados Unidos a través del Comando Sur de EE. UU. en el marco de la estrategia regional “Escudo de las Américas”. Se ejecutó el 6 de marzo de 2026 en la comunidad de San Martín, parroquia Jambelí, cantón Lago Agrio (Sucumbíos), cerca de la frontera con Colombia.
Según la versión oficial, el objetivo era destruir un campamento de descanso y entrenamiento perteneciente a los Comandos de la Frontera (disidencia de las FARC), liderado por alias “Mono Tole”, con capacidad para albergar hasta 50 personas.
El Ministerio de Defensa ecuatoriano publicó material audiovisual y en su boletín oficial n.º 182 describió la operación como un “éxito” que destruyó a los Comandos de la Frontera. Según el boletín oficial, “el campamento estaba localizado en el cantón Cascales, sector Santa Rosa de Sucumbíos; formaba parte de los anillos de seguridad de esta estructura vinculada al narcotráfico, utilizada para el resguardo de sus cabecillas y para el adiestramiento de sus integrantes”. La operación habría sido ejecutada tras misiones de reconocimiento ofensivo realizadas por las Fuerzas Armadas en las que se emplearon aeronaves de ala fija, helicópteros, embarcaciones fluviales, drones y personal militar especializado.
Comunicaciones oficiales: boletín n.º 0182 que describe el sitio en el cantón Cascales; el tuit de Sean Parnell, portavoz del Pentágono; y tres portadas de medios locales: diario Primicias, Ecuavisay revista Vistazo.
Incluso el portavoz del Pentágono y asesor principal del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Sean Parnell, compartió un mensaje en X donde explicó que el bombardeo se llevó a cabo a solicitud de Ecuador “en la exitosa operación contra un complejo de suministro narcoterrorista”, felicitando al presidente Daniel Noboa y adjuntando un video del impacto.
The New York Times, periódico con base en EE. UU., visitó el sitio y entrevistó a varios campesinos que aseguran ser los afectados por el ataque contra la finca lechera de 150 hectáreas en la que trabajaban. Esa versión de los campesinos se corrobora con el reporte del 12 de marzo levantado por Radio Sucumbíos, un medio de comunicación comunitario.
La distancia aproximada entre el cantón Cascales (donde el Gobierno dice que ocurrió) y el cantón Lago Agrio (donde los comuneros reportan el hecho) es de unos 70 a 75 kilómetros por carretera. Se empleó Google Maps para geolocalizar ambos sitios y confirmar la distancia entre ambos puntos.
¿Qué dicen los campesinos afectados?
Los afectados directos fueron familias campesinas de San Martín, una comunidad de unas 27 familias dedicadas a la ganadería y la leche. No se reportaron muertes humanas, pero sí la destrucción total de la infraestructura productiva, la muerte de decenas de vacas, terneros y aves de corral, que representan los medios de vida de esas familias.
En entrevista, el propietario y trabajadores contaron que, previo al bombardeo del viernes 6 de marzo, soldados ecuatorianos habían incursionado el 3 de marzo en la zona, detenido y golpeado a trabajadores, quemado estructuras y dejado el lugar en ruinas. “Encontramos la casa quemada. […] Cuando nosotros llegamos, ellos tenían detenidas a cuatro personas. No nos dejaron hablar ni acercarnos. Nos recibieron a tiros”, explicó José Peña, el propietario de la finca.
En la mañana del 6 de marzo, las fuerzas regresaron con aviones y helicópteros para bombardear lo que quedaba, según testimonios locales recogidos también por USA Today y The Intercept sobre la cobertura de la “Operación Exterminio Total”. Impidieron el paso de los campesinos. “Con la explosión, acabaron con todo: herramientas de trabajo agrícola como guadañas y motores, mangueras, estacionarias, sillas de caballo”, continuó el detalle de lo que habría sucedido y las pérdidas que ascienden a 10 000 dólares aproximadamente.
En la prensa nacional, el diario Expreso junto con AFP documentó denuncias de torturas y abusos de militares ecuatorianos en la zona fronteriza con Colombia y publicó el reporte el 19 de marzo bajo el titular: “Quedé sin nada”: campesinos aterrorizados por bombardeos antinarco de Ecuador.
Por su parte, Radio Pichincha entrevistó a líderes comunitarios y abogados de derechos humanos enfocándose en las afectaciones a la población civil. De acuerdo con testimonios recogidos por la Alianza por los Derechos Humanos y dirigentes comunitarios: “entre el 1 y el 6 de marzo de 2026 se registraron al menos tres intervenciones armadas que incluyeron la quema y posterior bombardeo de viviendas, así como la detención de civiles que habrían sido sometidos a tratos degradantes”, recoge el medio digital, y la entrevista a Ángel González, vocero de la Alianza, se puede escuchar aquí.
Foto: Cortesía Radio Pichincha, 11 de marzo de 2026.
Por esta razón, 15 organizaciones denunciaron ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo presuntas violaciones de derechos humanos a campesinos de la parroquia Jambelí, en la provincia de Sucumbíos. Según la Alianza, “la lucha contra el crimen no puede poner en peligro a la población civil ni ignorar obligaciones en materia de DDHH”.
El 25 de marzo, el Ministerio de Defensa de Ecuador salió a rebatir la publicación de The New York Times y afirmó que en la zona de la operación las fuerzas militares encontraron un fusil semiautomático y un alimentador con 30 cartuchos, material que vinculan a actividades ilícitas. Según la autoridad, cuatro ciudadanos colombianos capturados —quienes, según información de inteligencia, pertenecerían al Grupo Armado Organizado denominado “Comandos de la Frontera”—. Negó la presencia de ganado ni evidencia de explotación lechera de ningún tipo, y recordó que cualquier edificación no autorizada en zona de frontera constituye un delito en Ecuador.
¿Seguridad o marketing político?
El contexto previo al reportaje de The New York Times es la denuncia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el hallazgo de una bomba de entre 225 y 250 kg (unas 500 libras) encontrada en territorio colombiano. Además de la bomba, Petro denunció el hallazgo de 27 cuerpos calcinados cerca de la frontera, sugiriendo que fueron víctimas de ataques aéreos ecuatorianos en suelo colombiano. Muertes que luego se negaron por fuentes oficiales colombianas.
Ante el riesgo de una escalada bélica, Petro solicitó públicamente la mediación de Donald Trump para que intercediera ante Noboa y evitara una guerra. ¿Petro busca posicionarse como el defensor de la soberanía nacional solicitando la mediación de EE. UU.?
El presidente de Ecuador respondió de manera tajante a través de su cuenta en X (antes Twitter) el 17 de marzo de 2026: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas, nosotros estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”. Noboa sostuvo que la Operación “Exterminio Total” se realizó estrictamente dentro de las fronteras de Ecuador y que los objetivos eran estructuras criminales que se infiltran desde Colombia hacia territorio ecuatoriano.
La mediatización del bombardeo forma parte tanto del contexto previo a las elecciones presidenciales próximas de mayo en Colombia, mientras que, en Ecuador, busca consolidar la imagen de Daniel Noboa como un líder de “mano dura”.
La Operación “Exterminio Total” del 6 de marzo se ejecutó apenas un día antes de que el presidente Noboa asistiera a la cumbre “Escudo de las Américas” en Miami (7 de marzo de 2026), convocada por el presidente de Estados Unidos.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto a su homólogo de EE. UU., Donald Trump. Foto: Fuentes oficiales. Sábado 7 de marzo, en Miami, un día antes del bombardeo en la comunidad de San Martín, provincia de Sucumbíos.
La sombra de la crisis hemisférica: Estados Unidos y su encrucijada financiera
El cuestionamiento de la versión oficial del bombardeo del 6 de marzo en Sucumbíos —desmentida por The New York Times, USA Today y The Intercept— no es un debate aislado sobre un solo operativo. Pone en jaque pilares fundamentales de la política de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, de la alianza con Estados Unidos y de la confianza pública en la “guerra” contra el narcoterrorismo.
Este operativo ocurre en un contexto de fragilidad para el socio estratégico de Ecuador. Sectores de la prensa en EE. UU. han empezado a discutir una “bancarrota” técnica o crisis de deuda que presiona a Washington a buscar victorias rápidas en política exterior para justificar sus presupuestos de defensa. Las cifras: 6,06 billones de dólares en activos totales frente a 47,78 billones de dólares en pasivos totales al 30 de septiembre de 2025. Al respecto se puede revisar el Informe Financiero del Gobierno de EE. UU., la auditoría de la GAO (Government Accountability Office) y el reporte de Fortune elaborado por Steve H. Hankey y David M. Walker, excontralor de EE. UU.
¿Tiene EE. UU. la necesidad de mostrar que su inversión militar en América Latina es efectiva? —pese a su propia crisis interna— podría haber empujado una ejecución apresurada y una validación poco rigurosa de los objetivos bombardeados en suelo ecuatoriano.
En un año preelectoral para renovar autoridades de gobiernos seccionales en Ecuador, esto afecta directamente la percepción ciudadana de que la seguridad es prioridad real y no mediática.
Si la narrativa se derrumba, se abre espacio para debatir la justificación de estados de excepción prolongados, compras de armamento y la militarización de territorios. La revisión periodística de las fuentes planteada en este reportaje evidencia el papel de la prensa en hechos que ponen en juego la legitimidad del Estado ecuatoriano para liderar la lucha antinarcotráfico, la solidez de su alianza con EE. UU. y la confianza de la ciudadanía.
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