El Banco de España advirtió que la guerra en Medio Oriente puede provocar una “significativa desaceleración” de la economía española, una de las más dinámicas de Europa.
“El escenario central anticipa una significativa desaceleración del ritmo de expansión de la actividad, condicionada por un contexto internacional marcado por el conflicto”, indicó el Banco de España.
De todas maneras, la previsión para el 2026 es una décima superior a 2.2% pronosticado en diciembre, gracias a un crecimiento que continuó “elevado” en el primer trimestre, “entre 0.5 y 0.6%”, según la institución monetaria con sede en Madrid.
Sin embargo, el Banco de España revisó a la baja su previsión para el 2027, a 1.7% desde 1.9% anterior.
España, cuarta economía de la zona euro, creció 2.8% en el 2025, confirmando su dinamismo.
La guerra iniciada el 28 de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán “ha elevado los precios de las materias primas energéticas, en un contexto de elevada incertidumbre sobre su duración y sobre el alcance final de sus efectos económicos”, señaló el informe.
“El ataque a Irán podría alterar, asimismo, la tendencia de moderación de la inflación a escala global”.
En España, el alza de los precios podría alcanzar 3.0% este año, según el banco central, frente a 2.1% previsto hasta ahora, ante el aumento del costo de la energía en las últimas semanas.
Plan anticrisis
El Banco de España publicó sus previsiones el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer las cifras de la inflación en marzo, cuando la tasa se disparó un punto, hasta 3.3% anual, con respecto a febrero, precisamente debido al incremento del precio de los carburantes.
“El plan de respuesta del gobierno, aprobado en el Congreso, está diseñado para que este shock externo no se traslade de forma permanente ni a la inflación, ni al poder adquisitivo de los hogares”, indicó el Ministerio de Economía.
Para amortiguar el impacto económico de la guerra, el Parlamento español aprobó el jueves un paquete anticrisis propuesto por el gobierno de Pedro Sánchez por 5,000 millones de euros, que incluye una “reducción drástica” de los impuestos sobre la energía.