A dos años del arribo de Bertha María Alcalde Luján al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, es justo reconocer que se han observado cambios relevantes. Sería injusto negarlo.
Hay un equipo activo, con intención de modernizar procesos y de facilitar, al menos en el discurso, el acceso a la justicia. Sin embargo, en la práctica cotidiana del litigio, algo no termina de encajar.
Pareciera que el diagnóstico de fondo no ha sido del todo preciso.
Quienes estamos diariamente en las fiscalías sabemos que el problema no radica, al menos no principalmente, en la titular de la institución, ni en los altos mandos.
El problema está en otro lado, en los agentes del Ministerio Público de mesa y en la forma en que se organizan, o desorganizan, al interior de cada agencia.
Tomemos como ejemplo la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros. Hace no mucho, los litigantes podíamos ingresar, formular promociones y hablar directamente con el Ministerio Público. Con sus deficiencias, sí, pero existía contacto. Existía, sobre todo, una obligación material de atender.
Hoy el escenario es distinto. Ingresar a esa Fiscalía se ha vuelto un proceso burocrático que raya en lo absurdo: registros previos, filtros en la entrada, esperas que pueden prolongarse por horas. Basta observar la dinámica externa para advertir el nivel de bloqueo institucional. En ocasiones, incluso, se indica a los litigantes esperar en espacios indignos, junto a sanitarios en condiciones deplorables, con el único objetivo de no evidenciar el desorden interno.
Y aun superando ese primer obstáculo, la problemática persiste. Se logra el acceso, se obtiene la cita, se espera cuarenta minutos, una hora o más, y cuando finalmente se es atendido, el discurso es reiterativo: “No he tenido tiempo”, “apenas me asignaron la carpeta”, “vuelva a promover”.
La consecuencia es grave, pues existen cientos de carpetas de investigación con años de antigüedad sin avances sustanciales. No por falta de herramientas jurídicas. No por ausencia de lineamientos institucionales.
Sino, lisa y llanamente, por la inacción de quienes tienen la responsabilidad directa de integrarlas.
Debe decirse sin rodeos: el problema no es la fiscal general. Tampoco lo es, en muchos casos, el titular de la Fiscalía Especializada. El problema está en los ministerios públicos de mesa y en sus responsables de agencia, que han normalizado la omisión como forma de trabajo.
Lo más preocupante es que el sistema parece funcionar bajo una lógica estúpida: si el litigante no insiste, si no escala el asunto, si no presenta quejas ante el Órgano Interno de Control o no solicita audiencias por omisiones del Ministerio Público, la carpeta de investigación simplemente no avanza. Es decir, el cumplimiento del deber se ha vuelto excepcional, no la regla.
Incluso gestiones elementales, como la designación de un asesor jurídico, pueden tardar semanas o meses en concretarse. Y ello, no por complejidad jurídica, sino por inutilidad administrativa.
Ante este panorama, la conclusión es inevitable: cualquier esfuerzo de transformación institucional será insuficiente si no se atiende este núcleo del problema. Se pueden emitir circulares, implementar sistemas digitales o rediseñar estructuras, pero si el operador directo no cumple, la procuración de justicia seguirá siendo una promesa incumplida.
La solución no es retórica. Es concreta. Auditar, supervisar y, en su caso, sancionar. Revisar agencia por agencia, expediente por expediente. Empezar, por ejemplo, con la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros. Solo limpiar esa área implicaría un trabajo considerable, pero necesario.
Porque al final, lo verdaderamente grave no es el retraso procesal en sí mismo. Lo verdaderamente grave es tener que explicarle a una víctima que su asunto no avanza, no por falta de derecho, sino porque quien debe hacerlo valer, simplemente, no quiere trabajar.
Y ese, sin duda, es el tipo de injusticia que ningún sistema puede permitirse tolerar.