Pacífico Sur, territorio de ausencias
Desde una perspectiva de seguridad pública, la desaparición de personas en la región Pacífico Sur de México —integrada por Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca— se configura como un fenómeno estructural en expansión que mantiene características de crisis humanitaria persistente. Lejos de mostrar signos de contención, los datos recientes evidencian una tendencia al alza, así como una diversificación en los factores causales que la detonan.
Históricamente, la desaparición forzada en México estuvo asociada a prácticas de control político y represión estatal. No obstante, el patrón actual refleja una mutación hacia dinámicas dominadas por actores criminales. En la coyuntura contemporánea, la desaparición de personas no solo está vinculada al narcotráfico, sino también a economías ilícitas emergentes como la trata de personas, el tráfico de órganos y otras modalidades de explotación, lo que complejiza su análisis y respuesta institucional.
En marzo de 2026, el Estado mexicano anunció el inicio de una nueva etapa en la política de búsqueda de personas desaparecidas, sustentada en el uso de herramientas tecnológicas, mayor inmediatez en la reacción institucional y el fortalecimiento del análisis forense. Este rediseño deriva de la reforma aprobada en julio de 2025 a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual introduce cambios sustantivos como la creación de una Plataforma Única de Identidad, la obligatoriedad de abrir una carpeta de investigación ante cada reporte y la implementación de alertas nacionales dentro de las primeras 48 horas.
Asimismo, la reforma establece el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República. Estas medidas buscan atender uno de los principales déficits estructurales: la fragmentación de la información y la limitada capacidad de identificación forense.
Sin embargo, a pesar del rediseño institucional, persisten cuestionamientos relevantes por parte de colectivos de búsqueda y organizaciones de la sociedad civil, particularmente en torno a la calidad metodológica de los registros y la efectividad operativa de las nuevas herramientas. El propio gobierno reconoció en marzo de 2026 un universo superior a 130 mil personas desaparecidas, de las cuales aproximadamente el 36% carece de información completa, lo que limita significativamente las probabilidades de localización.
A nivel subregional, el comportamiento del fenómeno confirma su carácter crítico:
En Chiapas se observa un incremento drástico, con 497 personas desaparecidas en 2024 (un aumento del 76.8%), tendencia que continúa en 2025. Municipios como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas concentran la mayor incidencia. El perfil de las víctimas muestra una alta afectación en jóvenes de entre 15 y 34 años, así como en mujeres y menores de edad. La disputa territorial entre organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa constituye un factor central en la dinámica de desapariciones.
En Guerrero, el municipio de Acapulco concentra el mayor número de casos, superando los 1,200 reportes a mayo de 2025. La tendencia histórica se mantiene elevada desde 2007, con repuntes significativos en años recientes. Nuevamente, la población joven es la más afectada, lo que sugiere patrones de reclutamiento forzado o victimización selectiva.
En Michoacán, las desapariciones aumentaron aproximadamente 15% durante 2025, con un promedio superior a un caso diario. Municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas concentran la incidencia. La correlación con la presencia de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y la Familia Michoacana es consistente, particularmente en zonas identificadas como puntos de inhumación clandestina.
En Oaxaca, el fenómeno presenta un crecimiento acelerado del 81.8% en el periodo 2022–2025. Las regiones de la Costa y la capital estatal han registrado casos recientes asociados a delincuencia organizada, elevando los niveles de percepción de riesgo entre la población. Al igual que en otras entidades, el grupo etario más afectado corresponde a jóvenes de entre 15 y 34 años.
En conjunto, la evidencia apunta a que la desaparición de personas en la región Pacífico Sur no solo persiste, sino que se está intensificando y adaptando a nuevas lógicas criminales. La respuesta institucional, aunque en proceso de fortalecimiento, aún enfrenta limitaciones estructurales en capacidades operativas, coordinación interinstitucional y calidad de la información. Esto sugiere que, sin intervenciones más integrales que combinen inteligencia, prevención social y combate efectivo a las economías criminales, la tendencia continuará siendo ascendente en el corto y mediano plazo.
Un cadáver se entierra, un fantasma, no. Diría la abuela
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Referencias
Unidad de Investigaciones Periodísticas UNAM
Informes de Red Lupa
Informes Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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