El Parlamento de Israel aprobó este lunes una ley que permite aplicar la pena de muerte a personas condenadas por ataques mortales considerados como actos de “terrorismo”, una medida que en la práctica afectaría principalmente a palestinos y que ha generado críticas internacionales.
La iniciativa fue avalada con 62 votos a favor y 48 en contra, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu votó a favor del proyecto. En los días previos, Ben Gvir manifestó públicamente su respaldo portando un pin con una soga.
De acuerdo con información de AFP, la legislación establece que cualquier persona que cause intencionalmente la muerte de otra con el objetivo de dañar a ciudadanos o residentes israelíes y afectar la existencia del Estado podrá ser condenada a muerte o a cadena perpetua.
La norma contempla que, en el caso de palestinos en Cisjordania, la pena capital se convierta en el castigo por defecto cuando los ataques sean calificados como terrorismo por tribunales militares israelíes. Israel ocupa ese territorio desde 1967, donde los palestinos son juzgados en tribunales militares, mientras que los colonos israelíes son procesados por el sistema civil.
Organizaciones de derechos humanos reaccionaron de inmediato. La Asociación por los Derechos Civiles en Israel anunció que impugnará la ley ante la Corte Suprema de Israel, al considerar que es inconstitucional y discriminatoria.
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina denunció que la legislación busca “legitimar ejecuciones extrajudiciales” y reiteró que Israel carece de soberanía en los territorios palestinos.
De acuerdo con el diario Reforma, organismos internacionales como Amnistía Internacional ya habían advertido que la ley podría ampliar el uso de la pena de muerte con una aplicación discriminatoria contra los palestinos. Además, países como Reino Unido, Francia, Alemania e Italia expresaron su preocupación por el impacto de esta medida en los principios democráticos.
La legislación prevé que las ejecuciones se realicen mediante la horca en un plazo de 90 días tras la sentencia, con posibilidad de aplazamiento de hasta 180 días, y contempla reducciones a cadena perpetua en circunstancias especiales.
Aunque la pena de muerte existe en el marco legal israelí, el país mantiene una moratoria de facto y la última ejecución se realizó en 1962 contra el criminal nazi Adolf Eichmann.
