TULA DE ALLENDE, Hgo., 30 de marzo de 2026.- El regidor independiente Noé Paredes Meza cuestionó la aplicación diferenciada y discrecional de la ley en el municipio de Tula, calificando como urgente la revisión de los protocolos de actuación de la Policía Municipal y del área de Conciliación.
El posicionamiento del asambleísta surge tras la denuncia pública de una mujer que, la semana pasada, acusó haber sido víctima de abuso de autoridad y violaciones a sus derechos humanos por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local.
Contradicciones y falta de transparencia
Paredes Meza subrayó que lo preocupante no es determinar la falta administrativa de la ciudadana, sino el rigor selectivo con el que actúa la corporación.
- El contraste: El regidor señaló que, mientras a ciudadanos comunes se les aplica "todo el peso de la ley", casos graves cometidos por la autoridad —como el uso de patrullas con placas sobrepuestas denunciado en enero pasado— permanecen en la impunidad.
- Fines recaudatorios: Se señaló que existen quejas recurrentes sobre agentes que presuntamente alteran reportes para incriminar a detenidos, sin que exista claridad sobre el destino final de los recursos obtenidos por las multas.
“Es la palabra de un ciudadano contra la de un policía; ambas son válidas. ¿A quién le creemos si no hay pruebas?”, cuestionó el edil.
Propuesta: Cámaras corporales
Como medida preventiva para garantizar la transparencia y evitar abusos de poder, el regidor propuso la implementación obligatoria de cámaras corporales (bodycams) para todos los uniformados.
Objetivos de la propuesta:
- Activación obligatoria: Las cámaras deberán encenderse en cada intervención policial.
- Evidencia técnica: Contar con un registro fidedigno que elimine las contradicciones entre los informes policiales y las versiones ciudadanas.
- Rendición de cuentas: Evitar detenciones arbitrarias y proteger tanto al ciudadano como al elemento que actúe conforme a derecho.
Esta no es la primera vez en meses recientes que la corporación de Tula es señalada por irregularidades en sus procedimientos, lo que ha incrementado la presión social para una reforma profunda en la seguridad pública municipal
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