MORELIA, Mich., 30 de marzo de 2026.- A propuesta del partido Verde, el Congreso de Michoacán analiza una iniciativa que propone sancionar a padres, madres o tutores por omisión grave en el deber de cuidado cuando tengan conocimiento de que un menor comete delitos y no actúen para impedirlo.
La Comisión de Justicia, presidida por Morena en el Congreso local, analiza la propuesta en contexto donde el tema ha cobrado relevancia pública tras el asesinato de dos maestras en Lázaro Cárdenas, presuntamente a manos de un adolescente de 15 años.
El caso reavivó el debate sobre si el menor debe ser juzgado como adulto o bajo el régimen especializado para adolescentes, lo que implica distintas prerrogativas legales. En ese escenario, la propuesta legislativa coloca en el centro la corresponsabilidad familiar en la prevención del delito.
La iniciativa plantea reformar el Código Penal del Estado para incorporar un nuevo esquema de responsabilidad familiar compartida, mediante la adición de un Título Sexto y los artículos 116 Bis, 116 Ter, 116 Quater y 116 Quinquies.
El planteamiento parte de que, si bien el sistema jurídico mexicano reconoce el interés superior de la niñez y privilegia la reinserción social, también establece un deber jurídico para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, que incluye la vigilancia, orientación y corrección de conductas de riesgo.
En ese sentido, la propuesta tipifica como conducta autónoma la omisión dolosa o gravemente negligente del deber de cuidado, cuando exista conocimiento efectivo, reiterado y comprobable de que el menor incurre en delitos y no se realicen acciones razonables para impedirlo.
El proyecto establece que padres o tutores podrían ser responsables en casos de delitos graves cometidos por menores como homicidio, feminicidio, secuestro, desaparición forzada, extorsión, robo con violencia o portación de armas.
Asimismo, define supuestos específicos para acreditar la responsabilidad, entre ellos: conocer la conducta delictiva y no actuar, proporcionar medios o recursos para cometer el delito, permitir de manera reiterada la convivencia en entornos delictivos, incurrir en negligencia grave o encubrir al menor después de cometido el ilícito.
En términos de sanción, la iniciativa plantea que a los padres o tutores se les pueda imponer desde la mitad hasta dos terceras partes de la pena correspondiente al delito cometido por el menor.
También contempla que el juez pueda sustituir penas privativas de libertad cuando el menor tenga entre 12 y 16 años, los padres colaboren en programas de reinserción y se garantice la supervisión familiar.
El documento argumenta que el incremento de delitos cometidos por menores representa uno de los desafíos más complejos del sistema jurídico contemporáneo, y que la ausencia de control parental, la tolerancia a conductas delictivas o la facilitación de medios para su comisión contribuyen al deterioro del tejido social.
Como antecedente, la propuesta retoma modelos internacionales donde ya existen mecanismos de responsabilidad parental, como en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, con esquemas que van desde multas y reparación del daño hasta programas obligatorios de orientación familiar.
La iniciativa sostiene que no se busca trasladar automáticamente la culpa del menor al adulto ni violar el principio de responsabilidad personal, sino establecer consecuencias cuando exista omisión comprobable en el deber de cuidado.
El Congreso mantiene en análisis esta propuesta en la Comisión de Justicia, en medio de un debate público que combina exigencias de justicia, prevención del delito y límites del sistema penal para adolescentes.
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