La medida fue tomada tras una demanda derivada de más de 280 llamadas al número de emergencias en los últimos dos años, relacionadas con reportes de narcotráfico, agresiones violentas y un accidente fatal tipo choque-fuga que dejó una persona muerta.
La jueza de la Corte de Distrito 171, Bonnie Rangel, firmó la orden contra el establecimiento localizado en 3136 Trawood, Suites E-1 y E-2. Como parte de la acción, el negocio fue clausurado de inmediato y se colocaron avisos de cierre por orden judicial en la entrada.
La Procuraduría presentó la demanda contra los propietarios y operadores del bar, incluyendo a 3136 Trawood LLC, Ortequi Ltd Texas Limited Partnership, Pro-West Industries Corp., así como a Victor Fernandez, José Luis Ortega y Blanca E. Ortega. Bajo la ley de Texas, un “foco de actividades ilícitas” es un lugar donde se cometen delitos de manera habitual y cuyos responsables no toman medidas para prevenirlos.
Una investigación conjunta en la que participaron el Departamento de Policía de El Paso (EPPD), la Comandancia Regional del Este, la Unidad Especial contra Conductores en Estado de Ebriedad (DWI Taskforce), el Centro Antipandillas de Texas y la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas (TABC) identificó un patrón constante de actividad criminal en el lugar. De acuerdo con el informe, agentes encubiertos documentaron que empleados del bar facilitaron la venta de cocaína en múltiples ocasiones.
“La seguridad pública no es negociable”, afirmó Sanchez, quien subrayó que permitir actos violentos y actividades relacionadas con drogas pone en riesgo a las familias de la comunidad.
La demanda también detalla un historial de incidentes violentos, incluyendo agresiones contra oficiales y personal de seguridad. Entre febrero de 2024 y marzo de 2026, se generaron 79 reportes policiales vinculados al establecimiento, entre ellos una agresión con arma mortal, amenazas terroristas y casos de intoxicación en la vía pública.
Asimismo, el bar está presuntamente vinculado a un accidente fatal ocurrido el 23 de marzo de 2025. Testigos indicaron que el conductor involucrado había consumido alcohol en el establecimiento antes del choque. En total, autoridades han documentado 24 incidentes en los que personas implicadas habían estado dentro o en las inmediaciones del lugar.
Las autoridades también señalaron múltiples violaciones a códigos de seguridad estatales y locales. El negocio operaba sin el permiso requerido para lugares de reunión pública desde julio de 2025, y reportes del Departamento de Bomberos identificaron fallas como salidas de emergencia inoperantes y tanques de gas mal instalados.
Sanchez reiteró que tanto propietarios como operadores tienen la responsabilidad de proteger a la comunidad, incluyendo evitar servir alcohol en exceso a personas que puedan representar un peligro al conducir.
La orden de restricción temporal representa el primer paso en un proceso legal que podría derivar en el cierre permanente del establecimiento. La próxima audiencia está programada para el 7 de abril de 2026 a la 1:30 p.m. en la Corte de Distrito 171, donde se determinará si el negocio permanecerá cerrado mientras continúa el proceso judicial.