“"A veces, el peor lugar en el que puedes estar es en tu propia cabeza." - Timothy Ferriss
Como se está volviendo costumbre, en días recientes Michoacán volvió a ser nota roja nacional, esta vez por la tragedia ocurrida en la escuela preparatoria Antón Makárenko, en el puerto de Lázaro Cárdenas. Un joven de 15 años, con un rifle de asalto, abrió fuego y segó la vida de dos maestras.
Ante un hecho de esta magnitud, la tentación inmediata es buscar un solo culpable. Sin embargo, la realidad es más compleja y, por tanto, más incómoda: aquí hay responsabilidades compartidas.
La primera recae en el entorno familiar. El o los adultos responsables del menor fallaron en una obligación fundamental: evitar el acceso a armas de fuego y, más aún, impedir cualquier tipo de adiestramiento en su uso.
También existe una responsabilidad evidente en las autoridades federales, que, pese a contar con un marco normativo, han sido ineficaces en su aplicación, permitiendo que las armas ilegales circulen con relativa facilidad en el país.
A ello se suma la debilidad en los sistemas de procuración e impartición de justicia, que no han logrado sancionar con eficacia la portación ilegal de armas, generando un entorno de impunidad.
En el ámbito local, las autoridades de seguridad del estado y del municipio también tienen una cuota de responsabilidad. Resulta alarmante que un menor pudiera trasladarse desde su hogar hasta su escuela portando un arma de alto poder sin ser detectado. Paradójicamente, es más probable que un joven sea sancionado por portar una bebida alcohólica que por representar un riesgo real para la vida de otros.
Pero hay una responsabilidad aún más profunda, más incómoda y, sobre todo, más ignorada: la de todos nosotros como sociedad frente a la salud mental.
La atención a la salud mental en México sigue siendo insuficiente y, en muchos casos, relegada a un segundo plano. No figura como prioridad en la agenda pública, y a nivel estatal los recursos destinados a este rubro suelen ser limitados frente a otras acciones de carácter más visible o mediático (Jalo Fest).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para el año 2030 los trastornos mentales serán la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Este escenario, lejos de ser una advertencia lejana, ya se está manifestando y fue acelerado por los efectos de la pandemia.
A pesar de ello, persisten estigmas profundamente arraigados. Para muchos, acudir a terapia sigue siendo sinónimo de debilidad o de locura. Para otros, simplemente es un lujo inalcanzable. El costo económico de una atención psicológica constante representa una barrera real para miles de familias, aun cuando exista la disposición de buscar ayuda.
No debería ser un privilegio cuidar la salud mental. No debería ser un acto excepcional acudir a terapia, ni para adultos ni para jóvenes. Sin embargo, en un país donde la prioridad cotidiana es garantizar el sustento o la propia seguridad, hablar de salud mental parece, para muchos, un tema secundario. Y ahí radica el error.
Porque cuando la salud mental se descuida, las consecuencias no son invisibles: se manifiestan en violencia, en adicciones, en rupturas sociales y, en casos extremos, en tragedias como la que hoy lamentamos.
Es momento de asumir, como sociedad y como gobierno, que la salud mental no puede seguir siendo ignorada. Se requieren políticas públicas serias, accesibles y sostenidas; programas de atención psicológica en escuelas; y una estrategia nacional que normalice el cuidado emocional como parte esencial del bienestar. En lugar de jóvenes construyendo futuro, mejor nos vendría un programa de psicólogos deconstruyendo Mexico. Porque la realidad es clara y no admite matices: sin salud mental, no hay salud.
OTROSÍ: Mi más sentido pésame a mi amigo Javier Bravo Barragan, por la irreparable pérdida de su hijo Javer Bravo Moreno. Pronta paz.
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