Por lo menos 13 colectivos y organizaciones exigieron que el Congreso del Estado de Querétaro avance en la aprobación de la iniciativa de la Ley de Agua y Saneamiento
Trece organizaciones y colectivos ciudadanos entregaron hoy un escrito formal a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, diputada María Georgina Guzmán Álvarez, y al secretario de Servicios Parlamentarios, José Antonio Ledezma Ferruzca, para denunciar la violación al plazo legal establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual obliga a turnar a comisión cualquier iniciativa dentro de los siete días hábiles siguientes a su presentación.
La Iniciativa de Ley de Agua y Saneamiento del Estado de Querétaro fue ingresada el pasado 17 de marzo por los colectivos ciudadanos y el diputado local Eric Silva. Pese a que el plazo venció el jueves de la semana pasada, el secretario de Servicios Parlamentarios —quien anteriormente se desempeñó como consejero jurídico del gobernador Mauricio Kuri— no ha emitido el acuerdo de turno correspondiente, manteniendo congelada la iniciativa e impidiendo que continúe su trámite legislativo.
En la petición entregada esta mañana, los colectivos señalaron que “esta omisión constituye una irregularidad que afecta la legalidad del procedimiento y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, y despierta cuestionamientos legítimos al respecto de la resistencia política que pueda existir para dar trámite legislativo a la iniciativa, llegando inclusive a su congelamiento o postergación indefinida”.
Turno a la Comisión de Agenda 2030, una exigencia ciudadana
Los colectivos solicitaron que la iniciativa sea turnada de manera inmediata a la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030, argumentando que dicha comisión fue la que coordinó el proceso participativo de seis meses, con mesas de trabajo, consultas públicas y espacios de deliberación que dieron origen al texto de la propuesta. Turnarla a otra comisión, advirtieron, implicaría desconocer el proceso previo, fragmentar la continuidad institucional y restar eficacia a la participación ciudadana.
Además, destacaron que la Comisión de Agenda 2030 es la única instancia en el Congreso con un enfoque transversal para abordar temas como salud, igualdad de género, ciudades sostenibles, reducción de desigualdades, protección de ecosistemas y participación ciudadana, todos ellos contenidos en una ley de agua integral.
Compromisos internacionales y parlamento abierto
Los colectivos recordaron que México está comprometido con el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que exige mecanismos de participación incidental, es decir, que las aportaciones ciudadanas tengan incidencia real en las decisiones finales. La falta de turno y el eventual desvío de la iniciativa a otra comisión, señalaron, afectarían el cumplimiento de esa obligación internacional.
Asimismo, hicieron notar que el diputado presidente de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030 había anunciado públicamente que, una vez presentada la iniciativa, se convocaría a un parlamento abierto para continuar el diálogo con la sociedad durante la dictaminación. La efectividad de ese ejercicio, advirtieron, depende de que quien lo convoca sea también quien dictamina.