La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el Estado mexicano y, en particular su gobierno, haya renunciado a su obligación de investigar y buscar a las personas desaparecidas.
Organizaciones civiles acusaron al gobierno federal de minimizar la crisis al acotar el número de registros de personas desaparecidas y no localizadas de 132 mil a sólo 43 mil 128, de los cuales solo 3 mil 869 cuentan con carpeta de investigación.
La mandataria, en su conferencia matutina, respondió al hecho de que personas buscadoras señalan que su gobierno solo hace búsquedas administrativas, pero no en campo.
“Hay búsqueda en campo. A lo mejor no hablamos de eso el viernes, pero hay muchas búsquedas en campo. Se acompaña a los colectivos. Desde las comisiones de búsqueda estatales, porque no todo lo atiende la Comisión Nacional de Búsqueda, y también la Comisión Nacional de Búsqueda hace búsquedas en campo”, respondió.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó, el viernes de la semana pasada, que de los 130 mil 178 registros entre 2006 y 2026 con estatus de personas desaparecidas: 46 mil 742 (36%) tienen datos insuficientes para realizar la búsqueda; 40 mil 308 (31%) tienen actividades y registros después de su fecha de desaparición, y actualmente las autoridades están en proceso de confirmar y formalizar su localización, y solo 43 mil 128 (33%) están en calidad de personas desaparecidas y no localizadas.
-¿Su gobierno minimiza la crisis de desaparecidos? –se le preguntó.
-Hay atención a todos los colectivos de desaparecidos, a todos. La Secretaría de Gobernación dedica mucho tiempo a esto, y nuestra obligación es seguir buscando a todas las personas y al mismo tiempo erradicar este delito, que no haya desaparecidos en México, particularmente aquellos vinculados con la delincuencia organizada. Entonces es un compromiso del gobierno de México de seguir atendiendo a todos los colectivos –respondió.
Según Sheinbaum, los reportes de las personas que cuentan con actividades después de su fecha de desaparición “no se retira nunca de los registros y se sigue buscando” hasta que “no haya prueba de vida o prueba de no vida”.
Organizaciones como Fundar, Data Cívica, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, entre otras, señalaron que “reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”.
Manifestaron que “preocupa profundamente que desde el discurso oficial se sostenga la idea de que en México ya no existen desapariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales”.
Advirtieron que esa visión elude la responsabilidad del Estado en sus múltiples formas, ya que “hay casos de desaparición forzada y fosas cometidos directamente o vinculados a autoridades que siguen sin justicia”.
Además, afirmaron: “El Estado es responsable cuando sus instituciones permiten que las redes criminales operen con libertad y cuando los procesos de investigación son opacos” y “el mensaje del Estado es de permisividad” ya que apenas una fracción mínima de los casos reconocidos cuenta con una investigación real.