En el parlamento se escucharon vítores que olían a revancha y a retazos de historia mal digerida. Los legisladores aprobaron una ley que restaura la pena de muerte para palestinos condenados por asesinatos de israelíes y lo celebraron como quien cree cerrar una herida con una cuchilla. Ese gesto revela más sobre el presente que sobre la justicia.
Ningún país sionista o no debería contemplar la pena capital como respuesta a problemas internos o externos. Es una receta propia de naciones que no logran reconciliar su pasado y que repiten castigos en lugar de buscar vías para transformar el conflicto. Aplicar muerte en nombre de la seguridad es renunciar a la esperanza de una salida civilizada.
En el debate se invocaron miedos y símbolos. Algunos alzaron la voz usando relatos personales que conmueven y que nadie desprecia. Otros aplaudieron la dureza como si la dureza fuera sinónimo de solución. Mientras tanto la ley ofrece una jaula legal donde la discriminación puede entrar disfrazada de orden.
Vivimos en 2026 y la comunidad internacional ya manifestó su rechazo. Organizaciones de derechos humanos califican la medida como inhumana y discriminatoria. Académicos recuerdan que la pena de muerte no tiene efecto disuasorio probado y que solo agrava los ciclos de violencia.
La historia de este país incluye decisiones valientes y también errores que pesan décadas. Pretender hacer justicia con una herramienta que pertenece al registro criminal es negar esa memoria compleja. Queda en pie una pregunta insistente y moral. Qué nación se construye cuando decide responder a la muerte con más muerte.