Al menos 10 empleados de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses se encuentran de manera permanente asignados al trabajo de identificación de 165 cuerpos encontrados en el crematorio Plenitud que aún resguarda el Estado, informó ayer el titular, Javier Sánchez.
De acuerdo con el funcionario, la principal complicación es que estos cadáveres que faltan por entregar no arrojaron coincidencias con las muestras que se han tomado de alrededor de 200 familias, de las más de mil que han acudido por información al Ministerio Público.
El nivel de coincidencia ha sido tan bajo, agregó, que en muchos de los casos ha sido la Fiscalía General del Estado (FGE) la que ha ido a buscar a probables deudos con base en otros datos encontrados en los restos, como los que hubieran dejado los hospitales que los entregaron.
“La principal complicación que hemos tenido para la identificación, ahorita, en este momento, es que las familias que se han acercado no coinciden. Y ¿cómo es que lo puedo decir? Porque ya tenemos los perfiles genéticos”, dijo.
“Entonces, de las familias que hemos estado muestreando, son mínimas las que han tenido coincidencia; hablo de 10, 11, 12, máximo, de más de 200 familias que hemos muestreado”, agregó.
Sánchez explicó que se tomaron elementos de dos integrantes por familia, con la intención de analizar los perfiles más idóneos, como papás, mamás o hijos.
“Y aun así, todos los perfiles que tenemos ya de los cuerpos no coinciden con las muestras de las familias. No hay de esas familias, la gran mayoría, puedo decir, el 90 por ciento o más del 90 por ciento de esas familias que han acudido a toma de muestra no pertenece al grupo familiar de los cuerpos que se encuentran ahí”, agregó.
Más información de la FGE agrega que, luego del hallazgo de los 386 cuerpos apilados en el crematorio Plenitud, en junio de 2025, la dependencia concentró aquí a 68 peritos –27 procedentes de otras zonas de la entidad– para el trabajo de identificación, desde la recuperación de los cadáveres, el análisis post mortem, el procesamiento en el lugar de la intervención, rastreo, cotejo e identificación, así como la aplicación de entrevistas a familiares y notificación a los mismos, entre otras tareas.
La FGE informó además que recurrió a métodos de lofoscopía, odontología, identificación por características físicas individualizantes, condición médica y reconocimiento.
El personal asignado, informó ayer Sánchez, se ha reducido conforme se ha avanzado en el procedimiento, y a la fecha quedan asignadas de manera permanente las 10 personas de la Unidad de Identificación Humana, con apoyo de otras áreas.
“Tenemos gente trabajando en Juárez permanentemente en ese asunto y, conforme se va requiriendo, estamos mandando antropólogos, químicos, odontólogos, estamos mandando gente especialista en hidratación de tejidos y estamos haciendo cotejos, recotejos, etcétera”, dijo Sánchez.
“Una vez que pudimos llevar a cabo todo el trabajo de análisis de los cuerpos, ya no se requirió tanta gente. Ya nada más se requirieron los especialistas que se dedicaron a llevar a cabo el cotejo de los datos, de entrevistas de familia contra los datos del análisis de los datos post mortem”, agregó.
Falta de transparencia e impunidad
La abogada Olivia Aguirre, que representa a familias reunidas en el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, indicó por separado que, si bien el trabajo pericial presentó avances, la Fiscalía ha incurrido en falta de transparencia en el trato con quienes buscan certidumbre con respecto a los restos recibidos por parte de las funerarias que contrataron a Plenitud.
Como ejemplo de esta práctica, dijo, está la difusión, apenas en febrero pasado, del nombre de una octava funeraria implicada: Monte de los Olivos.
“Ellos (FGE) lo sabían desde el año pasado y apenas hace un mes que publican el comunicado, en donde efectivamente hay otra”, dijo Aguirre, también académica e investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
“Pero se tardaron en hacerlo público, desconozco las razones, pero me parece muy importante que lo hagan público porque puede haber varias personas” que hubieran contratado a esa negociación, agregó.
Lo anterior, dijo, además de que la FGE no ha proporcionado información sobre la presunta indagatoria a funcionarios obligados a vigilar el negocio, como los de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Coespris), y la revictimización que implica que la carpeta carezca de detenciones después de la muerte de un trabajador que estaba preso y la liberación del dueño.