MÉXICO.- La continuidad de cientos de proyectos dedicados a la salud, la educación y los derechos humanos en México se encuentra en un punto crítico. El colectivo Manifiesta tu Ciudadanía, que agrupa a las principales organizaciones de la sociedad civil del país, ha emitido un llamado urgente para establecer un diálogo de alto nivel con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Bienestar.
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por este bloque de organizaciones, la implementación de nuevas medidas fiscales y administrativas está comprometiendo la viabilidad de su labor en beneficio de los grupos más vulnerables.
Esta solicitud de diálogo técnico y constructivo no es un hecho aislado, sino la respuesta a un entorno de creciente incertidumbre jurídica. Organizaciones de trayectoria global y nacional, tales como Amnistía Internacional, Save the Children, Cemefi, Redim y el Nacional Monte de Piedad, sostienen que no buscan evadir sus responsabilidades, sino encontrar mecanismos que les permitan cumplir con la ley sin que la carga burocrática asfixie su operación cotidiana.
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El origen del conflicto: ¿Por qué están en riesgo las organizaciones?
El núcleo de la preocupación radica en una serie de criterios restrictivos aplicados recientemente por las autoridades fiscales. Según denuncian las ONG, la interpretación actual de las normas limita su capacidad de acción y genera confusión sobre el cumplimiento de sus obligaciones.
Los tres puntos que han encendido las alarmas en el sector son:
- Interpretaciones restrictivas: Criterios de la autoridad que reducen el margen de maniobra de las organizaciones en sus proyectos sociales.
- Cargas administrativas excesivas: Procesos complejos que consumen recursos humanos y financieros que deberían destinarse a la atención directa de la ciudadanía.
- Falta de certeza jurídica: Un clima administrativo donde las reglas cambian o se vuelven tan intrincadas que las instituciones no tienen claridad total sobre su estatus legal.
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¿Qué sectores se ven afectados directamente?
Es importante comprender que la labor de estas agrupaciones llega donde, en ocasiones, el Estado tiene un alcance limitado. El colectivo advierte que la sostenibilidad del sector es fundamental para fortalecer el tejido social. Entre las áreas que enfrentan mayores amenazas se encuentran:
- Salud y grupos vulnerables: Atención a personas con discapacidad o enfermedades crónicas.
- Derechos Humanos y libertad de expresión: Organizaciones como Article 19 y Causa en Común que vigilan la transparencia y la justicia.
- Infancia y Educación: Proyectos de alfabetización y protección de menores liderados por redes como Redim.
Las peticiones a la autoridad: En busca de una solución técnica
El llamado de Manifiesta tu Ciudadanía es propositivo. Las organizaciones participantes, entre las que también figuran Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Yo También, subrayan su compromiso con la legalidad y la transparencia. Por ello, han planteado una ruta clara para destrabar el conflicto:
- Apertura de diálogo técnico: Una mesa de trabajo donde expertos de las ONG y funcionarios de Hacienda y el SAT revisen los nudos administrativos.
- Revisión del marco regulatorio: Analizar qué partes de la legislación fiscal vigente están obstaculizando la labor legítima de asistencia social.
- Garantías de viabilidad: Establecer condiciones que aseguren que las organizaciones puedan seguir operando a largo plazo sin el temor de ser sancionadas por interpretaciones ambiguas de la norma.
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La sociedad civil organizada en México ha sido, históricamente, un pilar para la atención de problemáticas públicas complejas. Al unir fuerzas en el colectivo Manifiesta tu Ciudadanía, instituciones de diversa índole envían un mensaje de unidad frente a lo que consideran una amenaza sistémica.
Para el ciudadano común, la resolución de este conflicto es vital. De la capacidad de diálogo entre el Gobierno y estas organizaciones depende que miles de niños sigan recibiendo educación, que pacientes mantengan sus tratamientos y que la defensa de los derechos fundamentales cuente con el respaldo de instituciones sólidas y jurídicamente seguras.
La moneda está ahora en el aire, a la espera de una respuesta formal por parte de las autoridades financieras y sociales del país.