- “Ataque” del ICE azteca a maquilas en Juárez
- Cuenta regresiva del Centro de Convenciones
- Facilita Rossana “consenso” por CEDH
- La verdad de las exportaciones de Chihuahua
Al menos entre lunes y martes fue muy visible la presencia de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en las instalaciones de varias plantas maquiladoras de esta ciudad.
Se trató, o ha sido, de un operativo nada usual, según conocedores al interior de la industria manufacturera. Son comunes las revisiones, pero no “al estilo ICE” de los Estados Unidos, con presencia masiva de agentes.
Si bien el grueso de los empleados son mexicanos —ya sabemos que es así por los bajos sueldos—, también son miles los trabajadores extranjeros, todos ellos en puestos ejecutivos, los que laboran en la llamada industria manufacturera.
Entre lunes y martes, los agentes arribaron a las inmediaciones de varias maquiladoras a bordo de tres y hasta cuatro camionetas van, ingresaron a las empresas y no se supo más sobre los motivos.
Obviamente, el pánico cundió entre el personal “de mayor nivel”. Algunos mostraron su incertidumbre en redes sociales. Ni los directivos de las empresas ni las autoridades federales responsables de Migración salieron a explicar a qué obedecía el movimiento.
Lo usual es que algún par de agentes revisen semestralmente el estatus del personal extranjero, que su situación migratoria permanezca en regla, pero no es normal que lleguen muchos agentes en varias unidades de las utilizadas para el “aseguramiento” de indocumentados.
¿Auditoría? ¿Fiscalización al interior del propio Instituto de Migración? Todo es posible, pero la autoridad federal no lo aclara.
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A ocho meses de la histórica firma para tomar el terreno, llega abril con muchas expectativas generadas por el titular del Fideicomiso Paso del Norte, Javier Gómez Ito. Cómo no, si en las próximas semanas deberá salir la primera de varias licitaciones para comenzar con la construcción del Centro de Convenciones de Ciudad Juárez.
La promesa que lleva años —décadas, incluso— en la mente de los empresarios juarenses, tiene plazos importantes por cumplir a partir de estos días.
La primera licitación —de unas tres, cuando menos, que abarcan desde ingenierías estructurales hasta acabados— está prevista para finales de abril; el arranque de obra sería en junio, si nada se interpone en los planes.
Así que comienzan los trabajos de aplanado, terracerías y preparación para cimentación, que marcarán el comienzo del flujo de unos 700 millones de pesos, en dinero ya dentro del fideicomiso y las aportaciones estatales que son esperadas por los constructores, quienes nomás se frotan las manos con tantos ceros en los, hasta ahora, imaginarios cheques.
Dentro del fideicomiso —aseguran quienes han participado desde su creación hasta la fecha, sin más interés que ver ejecutado finalmente el proyecto— esperan la primera señal de que los trabajos habrán de realizarse, luego de los factores que durante años lo mantuvieron estancado.
Cambios de administración, disputas políticas, intereses cruzados, ubicaciones fallidas y ese fenómeno tan propio de la política —el de anunciar las cosas antes de tener certezas— tienen a más de tres con cierto escepticismo.
Sin embargo, hay más esperanza que en el pasado por la ruta que, con todo, ha logrado trazar Gómez Ito, con apoyo de las administraciones de Maru Campos y Cruz Pérez Cuéllar, un proceso que se hace más complejo a medida que se acercan los tiempos electorales.
La ruta planteada parece institucional: licitación bajo la Ley de Obra Pública, acompañamiento estatal, inversión inicial clara y un compromiso de ejecución en dos años. Todo bien, todo bajo la lógica del interés superior de la ciudad. Pero cuando la política está detrás del concreto de las grandes obras, siempre hay riesgos.
En fin, podría decirse que hoy comienza en serio la cuenta regresiva; esperemos que con los mejores resultados posibles.
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Fue Rossana Díaz, finalmente, quien le dio el "amplio consenso" que había anunciado el coordinador de la bancada del PAN, Alfredo Chávez, para sacar por fin el nombramiento de Ada Miriam Aguilera Mercado como primera presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La diputada morenista juarense terminó dándole la espalda a su bancada, coordinada por Cuauhtémoc Estrada, cuyos integrantes mostraron uno a uno la cédula con la que votaron en la sesión de ayer del Congreso del Estado.
Con esto, Díaz acabó de vender su apoyo a la mayoría prianista en el Legislativo y cerró las puertas en su grupo parlamentario, que constantemente termina fragmentado o, cuando menos, desunido, luego de episodios políticos que exhiben sus debilidades.
Al no seguir la jugada de anulación que siguieron los otros 11 legisladores coordinados por Estrada, la diputada juarense parece haber marcado su destino. Debe haberle resultado redituable porque su voto destrabó una bronca política de más de un año, por el control del organismo autónomo.
Es la nueva Adriana Terrazas. Es una réplica, sin más ni menos.
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Antes de echar las campanas al vuelo en materia de exportaciones de Chihuahua, conviene mirar con lupa lo que realmente hay detrás de las cifras.
Durante 2025, la industria maquiladora del estado importó insumos por 769,769 millones de pesos, equivalentes a casi 43,000 millones de dólares al tipo de cambio de 18 pesos.
No es un dato menor: revela que buena parte del aparato exportador depende directamente de materiales, partes y componentes que vienen del exterior. Es decir, lo que después se contabiliza como “exportación” inicia, en gran medida, como una importación temporal.
El contraste se vuelve más claro al observar el cuarto trimestre de 2025. Mientras se reportan 33,000 millones de dólares en exportaciones netas del estado de Chihuahua, en ese mismo periodo se importaron insumos maquiladores por alrededor de 10,500 millones de dólares.
Ello sin considerar el valor de exportación que se infla por ser producto terminado.
En términos simples, al menos uno de cada tres dólares exportados tiene origen inmediato en insumos importados.
Eso no invalida la actividad industrial, pero sí matiza —y mucho— la narrativa del éxito exportador: no se trata de una generación íntegra de valor local, sino de un proceso de transformación dentro de cadenas globales.
El problema no es la maquila en sí, sino la lectura que se hace de los resultados de exportación. Presentar cifras brutas sin considerar su contenido importado lleva a una percepción inflada del desempeño económico.
Chihuahua sí exporta, y mucho, pero exporta en buena medida lo que antes importó. La diferencia —el verdadero valor agregado local— es considerablemente menor, y es ahí donde debería centrarse la discusión pública: en cuánto valor se queda realmente en la región y qué tan sostenible es un modelo que depende, estructuralmente, de insumos externos.
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La batahola que se armó por el Plan B desplazó a un segundo plano la renovación del Poder Judicial en 2027, año en que habrá sucesión en 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales y un gran número de ayuntamientos.
De las elecciones en 13 entidades federativas para jueces y ministros, 10 serán “concurrentes” con las constitucionales.
Por la complejidad del proceso, ya hay posicionamientos interesantes.
El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, propone que los comicios judiciales se recorran a junio de 2028. Coincide con este planteamiento la ministra Yazmín Esquivel, pero añade que la renovación de los cargos judiciales no sea total e inmediata, sino por tramos, en un periodo de transición entre 2025 y 2037.
Es una discusión que va para largo porque el tema es complejo; no se trata solo de "enchílame otra"... Pero de que viene, viene…
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Más allá de cualquier especulación o suspicacia política, suena interesante la propuesta que circula en la Cámara de Diputados para que las empresas con contratos de formación dual —esto es, que empleen a jóvenes becarios— reciban un incentivo fiscal del 25 por ciento en el Impuesto Sobre la Renta anual.
El esquema es que, al formalizarse un Contrato de Formación Dual, el joven adquiere experiencia certificada mientras estudia, recibe una compensación que apoya a su familia, en tanto que las empresas crean una “cantera” de talentos acordes a sus necesidades.
Faltan los detalles técnicos, pero en general el proyecto contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para que se reconozca la figura de contrato de formación dual, definida como una modalidad especial de aprendizaje que vincula la instrucción académica con la práctica profesional en unidades económicas.
En el caso de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los diputados proponen que los empleadores con este tipo de contratos accedan a un crédito fiscal del 25 por ciento de las erogaciones por los costos de la formación dual y de tutores empresariales.
Podría pensarse que la iniciativa viene de Morena, pero en realidad es impulsada por un grupo de diputados federales del PAN y se basa en que el 67 por ciento de las empresas en México reportan dificultades para cubrir vacantes por una escasez de habilidades.
Si no la ven con sospechosismo, no tendrían nada que regatearle.