Guanajuato.- En el Índice de Impunidad por Entidad, que se refiere al número de casos que no fueron resueltos efectivamente en el año en que se presentaron, Guanajuato tiene un 90.65 % de impunidad y ocupa el lugar número 11 entre las entidades con menor porcentaje. Es decir, 9 de cada 10 delitos quedan sin castigo.
Este es el resultado de un estudio elaborado por la organización México Evalúa sobre la “Radiografía de la impunidad, 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal”, presentado el 17 de marzo.
De acuerdo con el estudio, la efectividad del sistema de justicia penal estatal es de apenas 9.3 % y quedan impunes el 90.7 % de los casos.
“Es decir, que la víctima tuvo una solución efectiva en 9 de cada 100 casos”, definió Susana Camacho Maciel, coordinadora del estudio.
De acuerdo con el mismo, el estado con más impunidad es Jalisco, con 97.81 %. Y Michoacán es el que menos impunidad presenta, con 67.68 %.
Las entidades con promedio mayor a 96 % de casos en impunidad son: Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos y Jalisco.
El promedio de casos no resueltos a nivel estatal es de 89 %, por lo que nuestro estado se encuentra por encima.
En cuanto a la “cifra negra”, es decir, los delitos que no son denunciados o a los que no se les abre carpeta de investigación respecto del total de delitos en un año, Guanajuato se encuentra en el quinto lugar de menor cifra negra, con 90.71 %.
El estado con la mayor “cifra negra” es Tamaulipas, con 97.22 %, y el que menos tiene es Colima, con 90.04 %.
La medición se hizo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, ambos de 2025.
El análisis “Radiografía de la impunidad, 2024: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal”, de México Evalúa, se hizo mediante una metodología de indicadores basada en fuentes abiertas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con la cual se analizan los avances y retrocesos en materia de impunidad y protección a los derechos humanos entre 2019 y 2024.
Así, esta Radiografía constituye un primer acercamiento al comportamiento de las diferentes entradas y salidas procesales que se han utilizado desde el inicio de la plena vigencia del proceso penal acusatorio a nivel nacional en 2016.
En aquel momento histórico se incorporaron a la impartición de justicia figuras tales como los criterios de oportunidad, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la suspensión condicional.
Acuerdos reparatorios
Revisaron los acuerdos reparatorios, consistentes en que víctima y agresor llegan a un acuerdo para que este le pague el daño a la víctima y, de esta forma, no se tenga que llegar al final del juicio y el agresor ya no tenga que recibir una sentencia ni pisar la cárcel.
México Evalúa señaló que, pese a que incentivan la recomposición social y la reparación del daño, estos acuerdos se usan poco en fiscalías y en poderes judiciales.
Es el caso de Guanajuato, donde solo el 8.58 % de los casos son acuerdos reparatorios ante el Ministerio Público, ubicándose en el lugar 17 a nivel nacional, es decir, a media tabla.
En contraste, hay siete estados que resuelven el 10 % o más de los conflictos mediante acuerdos reparatorios: Baja California, Yucatán, Chihuahua, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán y Nayarit.
El más alto es Yucatán, que resuelve el 83.99 % de sus conflictos mediante acuerdos reparatorios, situación que ningún estado alcanza en esa medida. El más cercano es Nayarit, con 23.52 %.
En cuanto a los acuerdos reparatorios en los juzgados, Guanajuato apenas logra el 1.71 % por esta vía.
El estado que más logra acuerdos en esta vía es Zacatecas, con 18.39 %. En contraste, Oaxaca, Estado de México y Colima no usan esta figura.
Baja suspensión condicional del proceso
La suspensión condicional del proceso es otra figura jurídica que permite resolver casos judiciales al imponer al responsable condiciones en favor de la víctima, a cambio de no continuar con el juicio.
En Guanajuato solo se usó en el 2.28 % de los casos y, de esta forma, ocupa el lugar número 3, de menor a mayor, entre los estados que menos la usan. Nuevamente, Colima, Estado de México y Oaxaca no lo usaron en ningún caso.
El uso más alto se lo dieron Sinaloa y Zacatecas, que destacan con más del 45 % de aplicación.
Respecto al archivo temporal, Guanajuato registra 21.4 % del total de carpetas de investigación que recibe. Y sobre el no ejercicio de la acción penal, un 37.69 %.
Esta medición se hizo sobre el total de carpetas de investigación ingresadas en 2024 y casos anteriores.
En el análisis nacional de México Evalúa, el robo y la violencia familiar son los delitos más archivados, aunque también los hay por homicidio y otros delitos de alto impacto. El robo concentró el 45.7 % y la violencia familiar el 12.1 %.
Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, en entrevista con AM, explicó que el porcentaje de impunidad lo obtuvieron utilizando una fórmula que se aplicó para todos los estados.
La fórmula es la siguiente: 1, que es la efectividad del sistema de justicia en México. 1 es el 100 %.
A esta cantidad se le resta el total obtenido de la suma de las salidas alternas y anticipadas que permite la ley, como acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso y criterios de oportunidad, más las sentencias emitidas por juicio abreviado o por juicio oral.
Y este dato se divide entre la cantidad que resulte de sumar el universo de casos, que es el número de carpetas iniciadas por la Fiscalía en 2024, más las que están pendientes de concluir del año anterior, más las que están en archivo temporal.
Y a esa cifra de la suma anterior se le quitan las desestimaciones, que es una categoría que utiliza el INEGI, que son la facultad de abstenerse de investigar; las declaraciones de incompetencias en todas las etapas; no ejercicio de la acción penal por la actualización de alguna causal de sobreseimiento; acumulación, en todas las etapas.
En otras palabras, como lo explicó la organización en su documento de conclusiones, el indicador se construyó a partir de la identificación y clasificación de las distintas salidas procesales que puede tener un caso penal: sentencias, archivos, suspensión condicional del proceso o acuerdos reparatorios, frente al porcentaje de casos que no se resolvieron de manera efectiva en un año determinado, respecto del total de casos que el sistema debía resolver en ese mismo periodo.
Después de obtener la medición de lo anterior, el porcentaje restante corresponde a la efectividad del sistema.
El resultado obtenido de esta fórmula, además de la impunidad, también fue la medición de la efectividad del sistema de justicia de cada estado, que es a lo que querían llegar en México Evalúa.
Y para ellos, efectividad se entiende cuando el sistema de justicia es efectivo, cuando se opta por una vía que le da solución al conflicto, cuando el tipo de soluciones utilizadas son positivas, que pueden ser los mecanismos alternativos de solución de conflictos. “Es una solución efectiva porque permite llegar a un acuerdo”.
En su mismo ejemplo, si en Guanajuato quedan impunes el 90.7 % de los casos, la efectividad del sistema es de 9.3 %.
Cuestiona resultados de México Evalúa
Sin embargo, Bernardo León Olea, consultor en seguridad pública, cuestionó la metodología de México Evalúa porque señaló que tiene un pequeño sesgo: para ellos la impunidad no es que el delito haya quedado sin castigo, que es la verdadera impunidad, sino que el Gobierno, de alguna manera, atendió el asunto.
“Lo que México Evalúa está midiendo es la respuesta del Estado. Entonces decir que no hubo impunidad, ¿tú crees que Michoacán es el estado con menos impunidad? Entonces algo está mal hecho (en el estudio). O sea, no coincide nada de lo que están diciendo, con la percepción de inseguridad”.
Señaló que generalmente la impunidad se mide respecto del número de delitos cometidos y su seguimiento: denuncias presentadas, carpetas de investigación iniciadas y sentencias emitidas, y la cifra va disminuyendo a cada paso, hasta llegar a un número muy pequeño.
“Pero México Evalúa dice: vamos a ver cuántos delitos se resolvieron en sede ministerial. O sea va a ver la impunidad de los delitos efectivamente denunciados”, señaló el también consultor en justicia penal.
Aunque consideró que el planteamiento que hace México Evalúa sí es correcto, porque para ellos no es que efectivamente haya un proceso de una persona que cometió un delito, sino que el Gobierno de alguna manera te atendió, Bernardo León considera que las conclusiones de su método de análisis no son las correctas, porque no reflejan la realidad del país.
“Lo que hace México Evalúa es que trata de ser benigno. Aunque haya miles de denuncias en un cajón, y eso es impunidad.
“O te abren una carpeta de investigación e inmediatamente la mandan al archivo, eso es impunidad. Pero para México Evalúa el solo hecho que se abra la carpeta y que haya atención del Estado es que no hay impunidad. Eso es autoengañarnos. O que digan que porque te contestaron una llamada no hay impunidad.
“Pero eso no es correcto, porque en un sistema tan malo como el mexicano, decir que el Gobierno te peló, eso no quiere decir que no hay impunidad.
“Te lo voy a poner de otra manera. Si el sistema penal te dice que como te contestaron la llamada del 911 o abrieron la carpeta de investigación ya se castigó el delito, eso es falso.
“Porque esa carpeta que te abrieron pudieron mandarla al cajón, al archivo, porque el Ministerio Público no ha tenido tiempo de revisarla. Y eso sí es impunidad, claro que es impunidad. Porque la impunidad es que quien cometió un delito, no se sanciona”, destacó.
Mencionó otro de los indicadores utilizados por México Evalúa: cuando se lleva a cabo un mecanismo alternativo de solución de controversias, si sale bien, hay un acuerdo entre la víctima y el agresor y no queda como antecedentes penales para la persona señalada. Para él, esto sí es impunidad; para México Evalúa, no.
Bernardo León, quien fue asesor de seguridad pública durante el gobierno de Héctor López Santillana en León, de 2015 a 2018, concluyó que el estudio que hizo México Evalúa está bien hecho, con investigadores que saben, pero parte de la base de que, si te atienden en alguna institución, ya no hubo impunidad y, por lo tanto, llegan a una conclusión incorrecta, a una conclusión falsa.
AM solicitó una postura sobre el resultado del estudio tanto a la Fiscalía General del Estado como al Poder Judicial del Estado y no hubo respuesta al cierre de edición.
Entrevistada sobre lo anterior, Susana Camacho comentó que Bernardo León le ayudó a revisar este estudio, pero consideró que no es acertada la forma en que lo planteó, “porque justo lo que estoy explicando es que lo que se considera impunidad es los casos que se están archivando”.
“Aun cuando sea ante una autoridad, no significa que ese caso donde se abrió una carpeta sea un caso efectivo, y nosotros no lo estamos tomando en cuenta así.
“Igual que Bernardo, coincido en que cualquier caso que no se resuelva por mecanismos alternativos, suspensión condicional o sentencias que son salidas efectivas, es impunidad, aunque el Estado haya abierto una carpeta”.
AAK