A nivel mundial ha trascendido la noticia de Noelia Castillo, una mujer que con solo 25 años se encontraba parapléjica, viviendo con las consecuencias de una agresión que la llevó a atentar contra su vida lanzándose de un quinto piso. Esto colocó a las sociedades de todo el orbe en posiciones a favor y en contra de la determinación de la joven para tener una muerte asistida.
Su caso es sumamente relevante no solo porque ella decidió optar por la eutanasia como forma de terminar con años de dolor, falta de movilidad, de oportunidades y de una vida digna, sino por un sistema que no le brindó atención a su salud mental, ni a la justicia y el desarrollo en un entorno que le permitiera querer seguir viviendo.
La eutanasia y la ortotanasia han sido temas sumamente discutidos en todo el mundo, desde las concepciones teológicas que la prohíben, hasta las organizaciones que la defienden y promueven. La gran discusión en el siglo XXI debe ser legislativa, tomando en cuenta los puntos de vista éticos, religiosos, sociales y la capacidad del Estado para brindar a las personas un adecuado acceso a la salud, el bienestar y la felicidad sin importar la condición de salud que se encuentre cursando.
Si bien el debate se centra en la última decisión consciente del individuo que, en pleno derecho y por motivos subjetivos, ve como única alternativa a su situación terminar con el dolor físico o mental; el Estado tiene la obligación de proporcionar los elementos legales para que se pueda regular una realidad que hoy en día sucede, pero se practica de manera ilegal, lo que obliga a los profesionales de la salud a exponer su carrera por brindar los medios de morir dignamente.
En el mundo solamente 11 países tienen legalizada la eutanasia activa: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda, Portugal, Ecuador, Cuba y Uruguay.
En México, a partir de la llegada de la ola progresista, el Distrito Federal en 2008 promulgó la Ley de la Voluntad Anticipada, en medio de protestas y amenazas de excomunión por parte de la Iglesia católica. El entonces Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard defendió el principio de permitir a personas con enfermedades terminales decidir sobre rechazar tratamientos o pedir que se retire el soporte vital para acelerar su muerte. Posteriormente, y con el impulso de organizaciones como la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad, A.C., la sociedad y legisladores han logrado que en 15 estados esta Ley avance y permita a pacientes contar con una muerte asistida (ortotanasia) de manera legal.
En ese sentido, en México, la voluntad anticipada es la herramienta legal que permite dejar por escrito el deseo de que, en caso de una enfermedad terminal, los médicos apliquen la ortotanasia (no alargar la vida con medios artificiales) y se centren en cuidados paliativos para garantizar una muerte digna. Aunque la eutanasia sigue siendo ilegal, cada vez más personas están optando por este recurso para tener control sobre el final de su vida.
El caso de Noelia fue especialmente complejo porque mezclaba un sufrimiento físico (lesión medular que la dejó parapléjica) con un sufrimiento psíquico (trastorno límite de la personalidad y antecedentes de trauma). Esto ha abierto un debate en México sobre si las personas con padecimientos mentales tienen la capacidad de decidir sobre su muerte.
Por tal motivo, este debate se ha vuelto relevante para México porque, de llegar a discutirse una ley de eutanasia en el futuro, uno de los puntos más controvertidos sería si incluir o no el “sufrimiento psíquico insoportable” como causal, más allá de las enfermedades físicas terminales.
Desde esta perspectiva, la muerte de Noelia Castillo no ha cambiado la ley en México, pero ha tenido un impacto profundo al:
- Reactivar la conversación nacional sobre el derecho a una muerte digna.
- Educar a la población sobre la diferencia entre eutanasia (ilegal) y voluntad anticipada (legal en 15 estados).
- Visibilizar y dar fuerza a movimientos como el de Samara Martínez y la Ley Trasciende.
- Ampliar la discusión hacia temas complejos como la salud mental y la autonomía personal.
En la LXVI legislatura actualmente se analizan diversas propuestas, principalmente la “Ley Trasciende”, impulsada por diputadas y diputados de Morena, MC y PRI, para crear el marco legal que permita dar salida a una de las grandes exigencias sociales de este siglo.
El caso ha dejado claro que, aunque México ha dado un paso importante con la Ley de Voluntad Anticipada, el debate sobre si se debe avanzar hacia la eutanasia activa sigue abierto y latente en la sociedad.
No obstante, hay muchos aspectos que reflexionar, entre ellos, brindar a las y los profesionales de la salud los instrumentos legales para la práctica consciente y ética, ya que el dilema pone entre juicios morales, profesionales y sociales. Por ello, el marco regulatorio debe ser amplio y abordar todo lo que involucra una decisión de esta magnitud, y principalmente seguir trabajando para que el Estado pueda, antes de esto, proporcionar servicios médico-asistenciales ante cualquier enfermedad.
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