MORELIA, Mich., 4 de abril de 2026.- Ante lo sucedido en Lázaro Cárdenas donde un menor de 15 años presuntamente asesinó a dos maestras en una preparatoria, el debate sobre el castigo a adolescentes que cometen delitos graves de cómo deben ser juzgados provocó que especialistas y jefes de Estado se pronunciaran, en el caso de la Universidad Iberoamericana plantó la necesidad, de primeramente, transformar el sistema de justicia para atender a las personas menores de edad; parelamente, el Gobernador de Michoacán y la Presidenta de México también se pronunciaron.
La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a abrir un debate público sobre la pertinencia de juzgar a menores homicidas como mayores de edad; por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla, jefe del ejecutivo en el estado se sumió al llamado presidencial para presentar una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, a fin de que casos como el del adolescente sean enjuiciados como adultos.
En entrevista, el mandatario subrayó que, aunque la tragedia de Lázaro Cárdenas no es el caso, hay muchos antecedentes de que grupos criminales usan a adolescentes para actividades delictivas, a sabiendas de las inimputabilidad de los jóvenes ante las leyes mexicanas.
“Enviaremos la iniciativa, ya la estamos preparando, porque, aunque es el primer caso en Michoacán, no podemos permitir que se siga replicando, agregó el Gobernador. Ramírez Bedolla confesó que el crimen en la preparatoria Makárenko llama no solo a la reflexión, sino a la revisión del sistema de justicia penal nacional”.
En un comunicado oficial, la Ibero presentó una propuesta desarrollada en 2024 por el Departamento de Derecho, misma que retomó a raíz de los hechos en Lázaro Cárdenas, el cual plantea un cambio estructural: adaptar la justicia a las características y necesidades de las infancias, en lugar de exigir que ellas se ajusten a un sistema diseñado para personas adultas.
“La propuesta parte de un principio fundamental: las niñas, niños y adolescentes son personas en desarrollo emocional, cognoscitivo y físico, por lo que sus procesos mentales se estructuran de formas distintas a las del pensamiento adulto. Bajo esta lógica, juzgarles como si tuvieran las mismas capacidades de comprensión, responsabilidad y toma de decisiones no solo resulta ineficaz, sino profundamente injusto.”
Además, plantea a la letra que se requiere promover las modificaciones estructurales necesarias para habilitar procedimientos de justicia adaptada para los menores de edad en todos los tribunales del país.
Esto implica que:
1. En primer lugar, los poderes judiciales estatales reconozcan las obligaciones que tienen en materia de acceso a la justicia frente a la infancia, entre las que se encuentran la adaptación de los procesos.
2. En segundo lugar, es necesario que se utilice una metodología integral que pueda ser adoptada por los tribunales (y se ajuste a cada materia), que brinde certeza sobre la manera en la que deben adaptarse los procedimientos para permitir la participación protegida de las niñas, niños y adolescentes, cuidando el propio procedimiento.
Considera que es necesario que los tribunales desarrollen un plan estratégico para poder hacer las modificaciones de acuerdo con los recursos con los que cuentan, de manera paulatina pero progresiva:
• Modificaciones en la infraestructura para la construcción de espacios adecuados.
• Ajustes en los procedimientos internos para la participación de niñas, niños y adolescentes. • Incorporación de personal especializado en las distintas etapas de los procedimientos.
3. En tercer lugar, es necesario que la instalación de la metodología para la adaptación de la justicia se siga de una capacitación del personal operativo que interviene en los procedimientos para asegurar que ésta se ejecute adecuadamente. La ausencia de una capacitación adecuada puede generar mayores afectaciones a las y los niños y sus procesos de justicia. Por ello, es indispensable que la puesta en práctica de la metodología para la adaptación de la justicia esté acompañada por personas especialistas en la materia que puedan capacitar y evaluar su eficacia.
Un elemento clave es la capacitación del personal operativo. Quienes intervienen en estos procesos deben contar con formación no solo en aspectos jurídicos, sino también en salud física y mental de las infancias, para garantizar una atención integral y respetuosa de sus derechos.
El planteamiento también contempla a niñas, niños y adolescentes que participan como víctimas o testigos, reconociendo que su interacción con el sistema de justicia debe ser igualmente cuidada, accesible y libre de revictimización.
Asimismo, se enfatiza la importancia de considerar los distintos contextos de cada estado del país, de modo que la adaptación del sistema responda a realidades locales sin perder de vista los más altos estándares de protección. Mantener un esquema legal que ignora estas diferencias, advierte la propuesta, constituye una forma de crueldad sistemática.
Finalmente, lejos de centrarse únicamente en el endurecimiento de las sanciones, la IBERO sostiene que una transformación profunda del sistema de justicia puede contribuir a construir infancias mejor protegidas y, en el largo plazo, sociedades más seguras.
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