Los celulares en las aulas es el debate que se ha abierto entre autoridades, maestros y padres de familia para resolver si deben permitirse o no, así como sus efectos en los menores, el “cyberbullying” y otros riesgos que se han puesto sobre la mesa de análisis.
Del lado de la Secretaría de Educación Pública, su titular Mario Delgado ya adelantó que México considera limitar el acceso de los niños y adolescentes a las redes sociales para proteger su salud mental como lo están haciendo otros países como Australia.
Recientemente el Hospital de Salud Mental de Tijuana informó que en lo que va del año la institución han ingresado 61 menores y 9 de cada 10 ha sido por el uso excesivo de celular y otros dispositivos similares con acceso a internet.
Se trata de un asunto controversial porque los defensores de los teléfonos en las escuelas los ven como una herramienta educativa útil y por razones de emergencia, pero otros consideran que sí afectan el rendimiento escolar y que la niñez pueden ser blanco de delitos por lo que algunos gobiernos como el de Querétaro han promovido retirarlos de los salones. Lo que asegura el Gobierno federal es que no pretenden sacar los celulares por una política pública, sino que espera que cualquiera que sea la decisión resulte de un debate con diversos sectores.
DIFERENCIAS POR NUEVO REGLAMENTO
La aprobación del jueves del nuevo reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Playas de Rosarito estuvo lejos de ser un trámite sencillo.
Aunque el documento incluye un avance relevante como la creación de un fondo de jubilación para los policías, el proceso evidenció diferencias importantes dentro del propio Cabildo. La regidora Stephanie Esquivel Ortiz, presidenta de la Comisión de Seguridad, defendió la necesidad de derogar por completo el reglamento anterior y planteó que el nuevo esquema permitirá a los policías aportar un porcentaje de su salario que será igualado por el Ayuntamiento para garantizar un retiro digno. Sin duda, se trata de un tema sensible para una corporación que durante años ha trabajado sin un plan claro de jubilación.
Sin embargo, la discusión se tensó cuando surgió el tema de la exclusión de la Sindicatura Municipal como órgano de control dentro de la Secretaría. El síndico Ricardo Bejarano cuestionó el proceso y sugirió que el reglamento parecía replicar el modelo de Tijuana sin un análisis suficiente de la realidad de Rosarito, además de advertir que eliminar ese contrapeso institucional podría debilitar la supervisión sobre la actuación policial.
A esas críticas se sumó el regidor Luis Martínez Cabrales, quien pidió mayor claridad sobre la operatividad del documento, particularmente respecto a la creación de nuevas áreas como la Dirección Jurídica, la Unidad de Asesoría de Apoyos Técnicos y la Dirección de Inteligencia.
Su preocupación se centró en el impacto presupuestal y en si estas nuevas estructuras realmente se traducirán en mejores resultados en seguridad.
En un municipio donde la seguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas, las decisiones institucionales difícilmente pasarán desapercibidas cuando generan dudas dentro del propio Cabildo.