Ante la falta de avances en la revisión de las cuentas públicas del estado de Querétaro, el diputado Ulises Gómez de la Rosa lanzó un llamado a transparentar el uso de los recursos públicos y a reactivar los trabajos de la Comisión Especial de Vigilancia.
El legislador advirtió que, tras analizar los informes presentados, se detectaron irregularidades en el ejercicio del gasto, como recursos asignados a programas sociales sin padrón de beneficiarios, obras públicas sin justificación, pagos excesivos a proveedores y uso recurrente de adjudicaciones directas.
Asimismo, señaló prácticas para evadir procesos de licitación, entre ellas el fraccionamiento de contratos y la ejecución de obras con sobreprecios, lo que, afirmó, refleja un manejo discrecional del erario.
“Se trata principalmente de Colón y Tequisquiapan, pero hay al menos una decena de municipios que presentan irregularidades en el manejo de los recursos públicos”, puntualizó.
Gómez de la Rosa también cuestionó la inactividad de la Comisión de Vigilancia, presidida por Claudia Díaz Gayou, al señalar que en cuatro meses solo se ha realizado una sesión, lo que ha frenado el análisis de las cuentas públicas.
El diputado sostuvo que los informes no cumplen con los principios de legalidad y confiabilidad establecidos en la ley, por lo que no deben ser aprobados en las condiciones actuales.
Indicó que las irregularidades más graves se concentran en los municipios de Colón y Tequisquiapan, aunque al menos una decena de demarcaciones presentan inconsistencias en el manejo de recursos.
En ese contexto, hizo un llamado a iniciar procedimientos ante la Fiscalía Anticorrupción y los órganos internos de control para investigar posibles responsabilidades administrativas y penales.
También puso en duda la imparcialidad de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, al advertir posibles conflictos de interés en su titular, e incluso planteó la destitución del Auditor General si no se garantiza una revisión objetiva.
Finalmente, el legislador afirmó que no respaldará acuerdos que encubran irregularidades y reiteró su postura de exigir una fiscalización rigurosa en defensa del interés público.