MORELIA, Mich., 4 de abril de 2026.- El Congreso del Estado analiza una reforma a la Ley de Adquisiciones que busca condicionar el acceso a contratos públicos al cumplimiento de criterios de igualdad de género, en una apuesta por utilizar el poder de compra gubernamental como herramienta para incidir en prácticas laborales del sector privado.
La propuesta, turnada a la Comisión de Industria, Comercio y Servicios para su estudio y dictamen, plantea modificar el artículo 30 con el fin de otorgar ventajas en licitaciones a empresas que acrediten condiciones de equidad sustantiva.
Entre los principales criterios se establece que al menos el 50 por ciento de su plantilla laboral y de sus cargos directivos esté conformado por mujeres, en un intento por romper la subrepresentación femenina en espacios de toma de decisiones.
El planteamiento también incorpora la exigencia de certificaciones en normas mexicanas en materia de igualdad laboral y no discriminación, lo que implica que las empresas cuenten con mecanismos formales para prevenir y atender el acoso y el hostigamiento sexual, garanticen derechos como la lactancia, implementen esquemas de flexibilidad laboral y aseguren el principio de salario igual por trabajo igual.
Detrás de la iniciativa se encuentra un diagnóstico que evidencia la persistencia de desigualdades estructurales en el mercado laboral michoacano.
Las mujeres perciben hasta 30 por ciento menos ingresos que los hombres por el mismo trabajo, mientras una proporción significativa de trabajadoras se mantiene en condiciones de salario mínimo.
A ello se suma la carga de trabajo no remunerado en el hogar, que alcanza en promedio 40 horas semanales, lo que limita su desarrollo profesional y su autonomía económica.
En este contexto, el Congreso busca reorientar el destino de miles de millones de pesos que cada año se ejercen en la compra de bienes y servicios, con la intención de que el gasto público deje de ser neutral y se convierta en un instrumento activo de política social.
La lógica es clara: no solo adquirir al mejor postor, sino privilegiar a quienes cumplan estándares mínimos de inclusión, igualdad y respeto a los derechos laborales.
Sin embargo, la discusión no está exenta de tensiones. El eventual veto a empresas que no cumplan con estos criterios abre cuestionamientos sobre la viabilidad jurídica de imponer condiciones de paridad en el ámbito privado, así como sobre el riesgo de restringir la competencia en procesos de contratación pública.
Especialistas advierten que la implementación deberá cuidar que los requisitos no se conviertan en barreras de entrada para pequeñas y medianas empresas, ni en incentivos para simulaciones mediante certificaciones formales sin impacto real en las condiciones laborales.
También se anticipa un debate técnico sobre los mecanismos de verificación y seguimiento, ante la necesidad de garantizar que las empresas beneficiadas cumplan de manera efectiva y sostenida con los criterios de igualdad, y no solo durante los procesos de licitación.
La reforma se inscribe en una tendencia más amplia de incorporar criterios sociales en las compras públicas, con el objetivo de que el presupuesto estatal funcione como palanca de transformación estructural.
En este caso, el foco está puesto en cerrar brechas de género que, pese a avances normativos, continúan reproduciéndose en la práctica laboral cotidiana.
El análisis en comisiones marcará el alcance final de la iniciativa, en un escenario donde el Congreso busca posicionar a Michoacán como referente en políticas de contratación pública con enfoque de inclusión, aunque con el reto de equilibrar ese objetivo con la viabilidad económica y jurídica de las medidas propuestas.
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