El presidente Donald Trump tenía muchas buenas razones para despedir a la fiscala general Pam Bondi; eligió la única mala.
Cuando el presidente anunció el jueves la salida de Bondi de su gabinete, ofreció los falsos elogios de rigor y el frío consuelo que acompañan a tales defenestraciones. Pero el verdadero motivo del descontento de Trump con la fiscala general era, al parecer, la incapacidad de esta para satisfacer la necesidad de venganza de Trump contra sus enemigos. No procesó a suficientes adversarios de Trump y los casos que llevó resultaron un fracaso.
En un mensaje publicado por el presidente Trump el 20 de septiembre de 2025 en Truth Social y dirigido a Bondi, él se quejaba de que “no se está haciendo nada” respecto a su exigencia de procesar al exdirector del FBI James Comey, al senador Adam Schiff y a Letitia James, fiscala general de Nueva York. “No podemos retrasarlo más, está acabando con nuestra reputación y credibilidad”, escribió. En aparente respuesta, el Departamento de Justicia de Bondi más tarde abrió casos claramente insostenibles contra Comey (por supuestas mentiras al Congreso) y James (por presunto fraude hipotecario). Ambos procesos fueron desestimados rápida y adecuadamente, pero el Departamento de Justicia ha apelado.
Estos casos figuran entre los peores abusos del sistema judicial cometidos por Bondi desde su nombramiento, y los jueces le han puesto límites. Pero su Departamento de Justicia tiene más investigaciones abusivas de este tipo en marcha. Existe, por ejemplo, una investigación en curso ante un gran jurado federal en Florida, aparentemente dirigida contra los funcionarios de la era Obama que iniciaron la investigación de los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016. Trump y sus aliados también han exigido que se procese a Jack Smith, el abogado especial que presentó cargos contra Trump en 2023.
El hecho de que Bondi haya fracasado en estas persecuciones penales abusivas es motivo de alivio, no de destitución. Es el resto de su gestión lo que ha convertido al Departamento de Justicia en un oxímoron que tardará años, si no décadas, en arreglarse.
La propia Bondi ha sido una pésima portavoz y un pésimo símbolo del departamento —irrespetuosa con sus honorables tradiciones, desdeñosa con los críticos, intolerante con la discrepancia—, y esto se demostró más claramente con su inepto manejo del asunto de Jeffrey Epstein. Luego de que Bondi engañara a Estados Unidos sobre sus revelaciones iniciales en el caso, el Congreso respondió aprobando una ley que obligaba al Departamento de Justicia a publicar sus archivos sobre el pederasta y sus aliados. La respuesta tardía, incoherente y en general incompetente de Bondi a la ley logró el objetivo aparentemente imposible de unir a los demócratas y republicanos del Congreso en el repudio a su desempeño. (Evidentemente, Trump tampoco quedó impresionado).
Sin embargo, los problemas más profundos del liderazgo de Bondi residían en el ámbito de la política. Con Bondi, el Departamento de Justicia prácticamente había dejado de perseguir el delito. El número de casos ha bajado mucho, al igual que el número de fiscales, casi con toda seguridad como resultado del liderazgo de Bondi. La razón principal de estos cambios es que, en lugar de acusar a los delincuentes, el Departamento de Justicia de Bondi se ha convertido en el auxiliar jurídico de las desastrosas prácticas de Trump en materia de inmigración.
La peor consecuencia de la persecución por parte del Departamento de Justicia de casos de personas indocumentadas pero respetuosas de la ley es que ha provocado un sufrimiento incalculable entre las personas perseguidas, sus familias y las economías que sostienen. Los abogados de Bondi han dedicado mucho tiempo y dinero al acoso, y cosas peores, de personas que no le han hecho daño a nadie.
En parte debido a su fijación con la inmigración, el Departamento de Justicia ha reducido la persecución de delitos de cuello blanco, incluso mediante el cese total de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Los fiscales locales pueden suplir las carencias cuando el Departamento de Justicia no persigue delitos violentos, pero solo el gobierno federal tiene los recursos y la experiencia para llevar estos casos. Los delincuentes de cuello blanco tienen ahora vía libre; así lo han querido Bondi y el presidente.
Con Bondi, además, los guerreros culturales de derecha ejercen el poder del gobierno federal. La célebre división de derechos civiles del departamento está dirigida ahora por Harmeet Dhillon, quien básicamente ha puesto fin a los esfuerzos de la división por defender los derechos de los ciudadanos negros y, en su lugar, ha asignado a sus abogados a combatir políticas woke y a acosar a la asediada comunidad trans. En un gobierno encabezado e integrado por negacionistas de las elecciones de 2020, el departamento ha iniciado investigaciones en Georgia y Arizona que parecen encaminadas, ante todo, a poner en duda futuros resultados electorales, incluidos los de las elecciones intermedias de este año.
Quizá lo peor de todo es que los abogados del Departamento de Justicia se han comportado a menudo de forma escandalosamente poco ética bajo la dirección de Bondi. Durante décadas, los jueces federales han considerado a los fiscales federales auxiliares y a otros abogados del Departamento de Justicia como algo más que meros combatientes. Por buenas razones, los jueces daban por sentado que los abogados federales les decían la verdad sobre los hechos y la ley de sus casos. En términos jurídicos, las actuaciones del Departamento de Justicia gozaban de una “presunción de regularidad”, de la que no gozaba la abogacía privada. Pero a la vista de la conducta a menudo atroz —como mentir, distorsionar la realidad, ocultar hechos y evidencias— de los abogados del Departamento de Justicia en la era Bondi, muchos jueces ya no dan a los abogados del gobierno el beneficio de la duda. Ni deberían hacerlo.
Sustituir a Bondi por su adjunto, Todd Blanche, o por el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, Lee Zeldin, por nombrar a dos probables sucesores, no resolverá este problema a menos que el nuevo fiscal general se comprometa, algo poco probable dadas las circunstancias, a que el Departamento de Justicia vuelva a su tradición de honestidad e integridad.
Con las elecciones legislativas en el horizonte, es posible que el presidente Trump haya decidido sustituir a su fiscala general mientras su partido aún controla el Senado. Pero elija a quien elija, el futuro del Departamento de Justicia parece más de lo mismo, y probablemente peor.