Brasil 2014 mostró los riesgos de represión en un Mundial. México debe garantizar los derechos humanos durante las protestas. El balón está en la cancha del Gobierno
Texto: Camilo Ocampo
Fotos: Andrea Amaya
CIUDAD DE MÉXICO. – Los mundiales de fútbol nunca llegan solos. Aparecen con obras, con discursos de progreso y con un reordenamiento que, muchas veces, pasa desapercibido en las ciudades que los reciben. De cara a la llamada «fiesta grande del balompié», la discusión vuelve a ponerse sobre la mesa: ¿cuál es el precio social que se paga por albergar el evento deportivo más importante del mundo? La respuesta, quizá, está en los antecedentes.
Brasil 2014: el año en que la Copa del Mundo se disputó en medio de protestas y enfrentamientos con la policía. A ello se sumó una limpieza social en las favelas. Tan solo en ese año, el índice de homicidios derivados de operaciones policiales en el estado de Río de Janeiro aumentó un 40 %, de acuerdo con un informe publicado por Amnistía Internacional. Medios locales también documentaron la muerte de varias personas sin hogar en los alrededores de los estadios.
Durante la gesta mundialista, las protestas en las ciudades sede estuvieron marcadas por fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Diversos informes registraron graves violaciones a los derechos humanos que, en muchos casos, no fueron investigadas ni sancionadas.
Artículo 19, por ejemplo, documentó: «Numerosos agentes quitándose las placas identificativas durante las protestas y negándose a identificarse cuando se les pedía, para evitar que se les atribuyeran sus acciones. Se han producido miles de detenciones arbitrarias y están muy extendidas las prácticas de detención preventiva y restricciones previas».
En ese contexto, las autoridades brasileñas volcaron a las calles al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Más de 150 000 agentes fueron desplegados en las ciudades, mientras los cordones policiales abarcaban más de un kilómetro a la redonda de los estadios. Meses antes, en diciembre de 2013, el Ministerio de Defensa publicó un manual titulado Ley de Garantía y Orden, en el que se criminalizaba la protesta al utilizar términos como «terroristas» o «fuerzas opuestas al orden», con lo que se sentaron bases legales para la represión.
México: un escenario similar
Un año después, en 2015, en México, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de su entonces secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, firmó un acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) denominado «Garantías Gubernamentales», basado en el Libro de Candidaturas para la Copa: el documento mediante el cual cada país se postula como sede y acepta, de manera no oficial, sus términos.
Posteriormente, el 18 de enero de 2018, desde la Secretaría de Gobernación, se formalizó en un documento de 93 páginas titulado también Garantías Gubernamentales, en el que se aceptan los requisitos que deben cumplir los países sede. Entre ellos, la Ley General de la Copa Mundial, donde se establecen demandas tanto dentro como fuera de la cancha.
En dicha ley se prohíben las protestas dentro y fuera de los estadios que no contribuyan al carácter deportivo y festivo del evento. Con ello, las protestas políticas se vuelven, en la práctica, ilegales, y se exigen garantías para disolverlas si afectan la realización de los partidos programados.
A esto se suma el uso de la fuerza pública al servicio de la federación de fútbol, ya sea para contener manifestaciones o para desplazar a vendedores ajenos al evento.
México es el único país que ha entregado compromisos y pronunciamientos oficiales alineados por completo con los requisitos establecidos en los documentos modelo de la FIFA. En contraste, Canadá solo ha cumplido de manera parcial con estas exigencias, mientras que Estados Unidos es señalado como un caso que no alcanza a satisfacerlas.
México vs. Portugal: el laboratorio del Operativo Kukulcán
La reinauguración del Estadio Azteca —también llamado Estadio Banorte— fue el pretexto para poner a prueba el esquema de seguridad propuesto por el Gobierno federal y respaldado por el Gobierno capitalino: el Operativo Kukulcán. Este contempla el despliegue de hasta 100 000 elementos de seguridad, incluidos Guardia Nacional, policías locales y fuerzas armadas, en los distintos recintos que serán sede de partidos.
En la Ciudad de México se desplegaron 10 000 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De ellos, al menos varios cientos fueron dirigidos a contener a cerca de 60 personas que se manifestaban en las inmediaciones.
Como parte de las jornadas antimundialistas —que buscan boicotear el torneo y visibilizar diversas luchas— se llevó a cabo un partido de fútbol popular como forma de protesta.
Sobre Avenida Periférico Sur, una de las principales vías de acceso al estadio, activistas de distintas causas —como el movimiento de las 40 horas, colectivos contra la turistificación y la gentrificación, y defensores del agua, la tierra y la vida— se plantaron con porterías de PVC y pancartas bajo la consigna «FIFA GO HOME».
Sin embargo, desde un inicio, la policía intentó impedir que las personas llegaran o incluso cruzaran hacia el punto de encuentro. A pocos metros, una valla humana de policías —sin identificaciones visibles, con el rostro cubierto y equipados con material antimotines— ofrecía el primer vistazo del operativo.
Aun así, los manifestantes lograron rodear el cerco, aunque eso implicó un recorrido más largo. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad revisaban pertenencias, solicitaban identificaciones y seguían a algunas personas que consideraban vinculadas con la protesta.
Durante la movilización, los policías grababan los rostros de los manifestantes.
En ese punto, la protesta se desarrolló en relativa calma. Sin embargo, en otra vialidad, sobre Calzada de Tlalpan, un grupo distinto fue agredido por policías capitalinos.
De acuerdo con testimonios, una camioneta Cadillac sin placas, presuntamente vinculada al exfutbolista y ahora político Cuauhtémoc Blanco, arrolló a una manifestante para abrirse paso.
Pero esto fue apenas un ensayo. Un adelanto de lo que podrían ser las movilizaciones en las semanas previas al Mundial y durante los partidos. Al igual que en Brasil, los llamados a protestar provienen de organizaciones con capacidad de movilizar a miles: colectivos indígenas, campesinos, sindicatos, estudiantes y otros grupos dispuestos a salir a las calles, pese a las consecuencias.
Ahora, el balón está en la cancha de los gobiernos local y federal. Como exigen las organizaciones, se debe garantizar que, durante las marchas, la policía actúe con apego a los derechos humanos, esté plenamente identificada y que cualquier abuso sea investigado y sancionado.
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