La comunidad otomí de Santiago Mexquititlán acusa a autoridades de Querétaro de fabricar delitos, aplicar tortura sexual y ejercer racismo institucional para favorecer la privatización del agua. Los casos de los defensores Estela Hernández y Esteban Mondragón revelan un sistema de justicia que criminaliza la resistencia al despojo de sus recursos naturales
Texto: Andrea Amaya
Foto: Alejandro Ruiz / Archivo Pie de Página
CIUDAD DE MÉXICO. — La comunidad indígena otomí de Santiago Mexquititlán acusa una ofensiva sistemática de violaciones a sus derechos humanos. En esta región, autoridades locales y diversos actores económicos han puesto en marcha una estrategia de hostigamiento y fabricación de delitos dirigida a quienes defienden el territorio y el agua.
La escala de agresiones contra el pueblo Ñhöñhö comenzó a intensificarse a mediados de 2025 y ha derivado en una criminalización directa en lo que va del 2026. La comunidad sostiene que las instituciones de procuración de justicia de Querétaro están siendo utilizadas como herramientas para intimidar a quienes resisten al despojo de sus recursos naturales y se oponen a prácticas financieras abusivas. Sus denuncias resaltan que estas acciones no son incidentes aislados, sino un patrón que incluye detenciones arbitrarias, tortura y el uso del sistema penal para inmovilizar la organización comunitaria.
El conflicto se enmarca en una disputa histórica por el agua en Amealco. Los pobladores señalan que empresas y particulares, en colusión con autoridades, buscan privatizar el acceso al líquido vital, mientras que instituciones financieras locales han sido señaladas por prácticas que asfixian económicamente a los campesinos de la región. Ante este panorama, los casos de Estela Hernández y de Esteban Mondragón, integrantes del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, cobran relevancia, pues narran de viva voz los detalles del hostigamiento a una comunidad que defiende su territorio.
Tortura sexual: el caso de Estela
En junio de 2025, mientras documentaba el arresto injustificado de cinco jóvenes por parte de la policía municipal en las instalaciones del DIF, Estela Hernández fue detenida arbitrariamente: «Fui torturada, hubo violencia de género que, en materia de derechos humanos, es considerada tortura sexual. Me robaron 3 mil pesos y me extrajeron mi credencial de elector, la cual no me regresaron», relata la defensora en un reciente pronunciamiento del Congreso Nacional Indígena. Con el acompañamiento del Centro Prodh, la integrante de la comunidad de Santiago Mexquititlán interpuso la queja CNDH/4/2025/10036/Q ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las violaciones a sus derechos humanos.
A casi un año de los hechos, la directora general de la Cuarta Visitaduría, Arely López Pérez, y el titular de la Dirección de Quejas de Asuntos Indígenas, Javier Sánchez Gudiño, notificaron —mediante el oficio V4/006143— la conclusión del expediente. El organismo determinó que «no existe materia para seguir conociendo del asunto», argumentando que, tras analizar los videos aportados, «no se advirtieron y, por lo tanto, no se pueden corroborar los hechos materia de la queja». Tras la resolución negativa, la comunidad otomí de Santiago Mexquititlán manifestó su rotunda condena, señalando que el fallo de la CNDH solo confirma su exclusión de un sistema de supuesta impartición de justicia que, lejos de investigar, se dedicó a construir una narrativa para estigmatizarlos como violentos y favorecer la impunidad en Querétaro. Para el Concejo, el organismo nacional omitió sus obligaciones para actuar como una herramienta que permite blanquear crímenes sangrientos de tortura y muerte ejecutados por el mal gobierno, denunciando que la especialidad del Estado mexicano es violentar derechos humanos mientras las instituciones de defensa solapan los atropellos para proteger intereses económicos.
Fabricación de delitos: el caso de Esteban
Otro de los rostros de la persecución contra esta comunidad indígena es el de Esteban Mondragón, quien ha sido objeto de una carpeta de investigación por el presunto delito de amenazas. Su caso ejemplifica cómo la movilización social es respondida con el uso del aparato penal. El conflicto escaló el 27 de febrero de 2025, cuando la comunidad ejerció su derecho a la protesta en las oficinas de la Caja Solidaria Santa María Amealco. La movilización respondía a un embargo arbitrario de herramientas de trabajo derivado del expediente 35/2021, emitido por el Juzgado Menor de Amealco. Dicho procedimiento, que afectó el sustento de la familia de Esteban y otras familias de la zona, fue ejecutado por el abogado Mauricio Ramírez Pérez, quien ahora acusa a Mondragón de amenazas de muerte.
«Tengo una carpeta de investigación abierta en mi contra, la CI/AME/35/2026. El licenciado Ramírez Pérez ejecutó un embargo arbitrario en mi contra. Después de que nos movilizamos ante dicha institución, una persona que se ostentó como director de la caja —sin identificarse oficialmente— nos amenazó con dar origen a una fabricación de delitos, advertencia que cumplieron con la apertura de esta carpeta. Ellos fueron quienes nos amenazaron primero; ahora este abogado me acusa de amenazas de muerte, lo cual es totalmente falso», relató Mondragón en entrevista para Pie de Página.
A esta persecución se sumaron eventos de hostigamiento directo, como la detención de Esteban en Tequisquiapan, donde las autoridades le retuvieron su vehículo mediante el servicio de grúas, profundizando la asfixia económica y personal contra el defensor. La comunidad expone que, durante este proceso, Esteban ha sido víctima de un profundo racismo institucional. El pasado 12 de marzo de 2026, la Fiscalía de Amealco incurrió en nuevas irregularidades al condicionar el acceso a la justicia: se negaron a entregar copias certificadas del expediente, facilitando únicamente copias simples bajo la condición de que Esteban fuera acompañado por un abogado de la propia Fiscalía y con la exigencia de que él y su hija aceptaran hablar bien el español.
Al respecto, el Concejo de la comunidad denunció: «Dentro de la institución presionaban para que hablara en español y no en otomí variante Santiago Mexquititlán. Impedían un traductor independiente para que Esteban quedara en total estado de indefensión. Ante la negativa de recibir documentos legales elaborados con asesores independientes, se ejerció el derecho a la protesta, ante lo cual los funcionarios amenazaron con el uso de la fuerza pública. Este es un atentado contra nuestra organización y el derecho al debido proceso avalado por el Convenio 169 de la OIT».
La batalla por los recursos naturales en Santiago Mexquititlán
Los habitantes de esta región del municipio de Amealco señalan que los casos de hostigamiento contra los defensores Estela Hernández y Esteban Mondragón no son hechos aislados, sino piezas de un engranaje institucional diseñado para consolidar la privatización del agua en el estado de Querétaro.
El núcleo de la denuncia apunta directamente al Juzgado Séptimo de Distrito. Según la comunidad, el juez a cargo del juicio de amparo 907 —interpuesto por Hernández y Mondragón contra la ley que privatiza los servicios de agua potable— ha emitido sentencias que evaden el fondo del conflicto. La comunidad otomí sostiene que el Poder Judicial omite deliberadamente estudiar dos criterios críticos: la inconstitucionalidad de la normativa que permite a operadoras privadas lucrar con el recurso, y el incumplimiento de los acuerdos firmados con la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para restituir el pozo del Barrio Cuarto a la gestión comunitaria.
Para los integrantes del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, el sistema de justicia en Querétaro opera bajo un racismo estructural que utiliza la burocracia como arma. Denuncian que, en términos de defensa territorial, se enfrentan a un escenario de profunda desigualdad: obstáculos procesales, como el rechazo injustificado de documentos jurídicos, requerimientos ambiguos y la falta de registro de comparecencias clave; violación de tratados, pues la comunidad acusa que los juzgados ignoran sistemáticamente el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a proteger los recursos naturales de los pueblos indígenas; y criminalización como castigo, ya que la fabricación de delitos de amenazas y el embargo arbitrario de herramientas de trabajo contra Esteban Mondragón son vistos como represalias directas por su oposición a las empresas que buscan sobreexplotar los mantos acuíferos para uso industrial y de centros de datos.
La denuncia de los otomíes es contundente: mientras los ríos San Juan y Querétaro sufren niveles críticos de contaminación, el marco legal vigente facilita el despojo de pozos subterráneos a campesinos para favorecer a grupos de poder económico. «No descansaremos hasta recuperar nuestras aguas inmersas en el territorio que habitamos», sentencian a través de un comunicado, subrayando que la lucha de Estela y Esteban es, en última instancia, la lucha por la supervivencia de Santiago Mexquititlán frente a un modelo de gestión hídrica que prioriza el negocio sobre la vida.
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