El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha preparado un informe donde define que en México este delito ha alcanzado tal magnitud que puede considerarse un crimen de lesa humanidad y pretende llevar esta denuncia ante la Asamblea General de este organismo.
Sin embargo, nuestro gobierno no acepta este estudio y se victimiza considerándolo “tendencioso, sesgado y carente de rigor”.