Es evidente que la industria maquiladora en esta ciudad atraviesa una severa crisis económica como consecuencia de varios factores que analizaremos en la segunda mitad de esta columna.
No son explicables ni, menos, justificables las formas que buena cantidad de empresas han decidido utilizar para ajustar el hilo más delgado de esa problemática: su plantilla laboral.
Directivos de varias plantas recurrieron, durante los últimos días, a la infame práctica del amedrentamiento y al uso descarado de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) para evitar el pago de indemnizaciones, sobre todo a empleados migrantes contratados tras la pandemia por la necesidad de mano de obra.
En solo dos años y medio, los números de empleados en esa industria, que acaba de colocar a Chihuahua como “el gigante exportador” con operaciones récord por casi 110 mil millones de dólares en 2025, de los 602,421 exportados por todo el país, han bajado de 326,388 a 257,387.
Es muchísimo dinero el generado, ni siquiera imaginable para los obreros, que de esas fabulosas cantidades obtienen algo así como 10 mil dólares anuales, o un promedio de 15 mil pesos mensuales en general, libres ya de impuestos.
No es razón, pues, la situación actual crítica para que el maltrato económico global sea trasladado a los trabajadores con acciones como los pretextos de un inventario anual de Flex Automotive, que obligó, entre semana, a la suspensión de todo un turno laboral matutino sin goce de sueldo.
Los propios trabajadores han revelado su precaria situación en redes sociales, incluida la permanencia por largos tiempos en patios, bajo el sol, mientras, en el interior de la empresa, desarrollaban los “inventarios”.
La incursión extraordinaria de agentes migratorios —al estilo del ICE norteamericano— fue comprobada también por El Diario en las empresas Aptive y Wiwynn. Acudieron, durante la semana, al menos una docena de agentes en varios vehículos de reciente modelo estilo van, y no precisamente de los destartalados que suelen ser vistos por el bordo fronterizo Juárez-El Paso en busca de migrantes indocumentados.
El área de comunicación social del Instituto de Migración confirmó los operativos, pero los catalogó como “ordinarios”; también fueron vistos así por la Asociación de Maquiladoras, aunque las empresas involucradas en las “revisiones” rechazaron emitir cualquier explicación.
Amplia conocedora de esa materia, la abogada experta laboralista Susana Prieto puso los puntos sobre las íes; con conocimiento de causa, dijo que las empresas implicadas en esa dinámica están “abriendo la puerta para librarse del pago de indemnizaciones por despido ahora que necesitan reducir sus plantillas laborales”.
Señaló como responsables de la situación a las constantes amenazas de aranceles por parte de Donald Trump, y, obviamente, a la tremenda incertidumbre generada por la guerra en el Medio Oriente y el impacto billonario en los combustibles.
En efecto, es imposible dejar fuera de la realidad juarense ese contexto, pero es altamente reprobable el maltrato a los trabajadores en los casos mencionados, y aun otros más sonados que ya entraron en etapa de litigio.
Hablamos de los relacionados con la quiebra en Estados Unidos del corporativo First Brands Group, propietario de varias marcas de autopartes con unas cinco naves manufactureras bajo el nombre general de Brake Parts, o Brake Manufacturing de Juárez.
De finales de enero a la fecha, fueron cayendo planta tras planta, dejando sin un peso a casi dos mil trabajadores que ahora tratan de rescatar indemnizaciones de ley a través de esos litigios tan tortuosos, costosos y, no es una exageración decirlo, denigrantes para los obreros.
Será un milagro si los empleados reciben algún pago. La empresa se declaró en quiebra en Estados Unidos porque sus directivos la endeudaron por más de 10 mil millones de dólares, sin activos que soportaran semejante monto. Ahora están acusados de fraude, y cientos de empleados en Juárez quedan sin empleo… y sin esperanza de recuperar lo que por ley les corresponde.
En estos y otros casos, es fundamental la supervisión por parte de las áreas gubernamentales respectivas; no el “ICE azteca” con responsabilidad de control migratorio, sino precisamente las laborales, que debieran prever cualquier situación presente y futura en favor de los trabajadores mexicanos. Hay crisis global y amenazas económicas latentes.
Entremos ahora a ese análisis comentado en el primer párrafo de esta columna, justo el desmenuzamiento que mantiene bajo extraordinaria presión a la industria maquiladora en la ciudad:
Los factores detrás de la caída son de diversa índole y naturaleza —internos y externos—. Por ejemplo, la eliminación del outsourcing en 2021 —figura eliminada por iniciativa del gobierno mexicano—, hasta la disminución del consumo en EU por el aumento de las tasas de interés.
Para enero de 2023, el registro de trabajadores ante el IMSS era de 317,859 personas, y para enero de 2026 ya se había reducido a 257,387.
Quiere decir que se han perdido 60,472 empleos en los últimos cuatro años, tan solo en Ciudad Juárez, como muestra del fuerte descenso.
Con la reforma al outsourcing en 2021 se prohibió la subcontratación de personal, y las empresas fueron obligadas a contratar directamente a sus trabajadores.
La intención en papel: frenar abusos, formalizar empleo y aumentar la recaudación; pero el resultado ha sido una caída constante en las contrataciones.
Especialmente en la industria maquiladora, el golpe fue inmediato. Un modelo que durante años operó con esquemas flexibles tuvo que reconfigurarse de golpe, absorbiendo plantillas completas y asumiendo responsabilidades laborales que antes estaban tercerizadas.
El resultado fue un aumento directo en los costos: más carga en seguridad social, prestaciones, administración y reparto de utilidades. Para muchas maquilas, esto significó perder margen, ajustar operaciones o frenar expansión.
Otro factor que ahora limita el empleo en la industria es que, desde 2019, el salario mínimo en la frontera norte se ha disparado año con año, con incrementos de doble dígito.
Pasó de 176 pesos diarios a alrededor de 440 pesos en 2026, es decir, más del doble en pocos años. Esto ha encarecido de forma directa la mano de obra en el sector formal, especialmente en la maquila, que ahora enfrenta mayores costos laborales.
Todo lo anterior, sin mencionar la incertidumbre que trajo la elección judicial, y, en general, otras situaciones que afectan a la industria.
En términos externos, ha habido también una afectación directa a la operación: primero, por el alza en las tasas de interés para controlar la inflación en 2022 en Norteamérica, luego de la pandemia del Covid-19.
Dicha situación ha frenado desde entonces el ritmo de consumo de Estados Unidos, cuyo sector industrial es el motor que mueve a las maquiladoras y no se ha podido recuperar.
Adicionalmente, a partir de abril de 2025, la administración de Donald Trump impuso aranceles a diversos sectores alrededor del mundo, y México no ha sido la excepción, lo que ha golpeado, como si fuera poco, a una industria que ya venía debilitada.
Ahora tenemos lo impensable: una guerra absurda iniciada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán, y sus respectivas consecuencias económicas en toda la Tierra. Una catástrofe en los precios de los combustibles sin razón que la justifique, y un peligro mayor para la humanidad si alguna de esas torpezas decide utilizar armas de destrucción masiva.
Ciertamente, el sector maquilador vive en un mar de incertidumbres: sobrerregulación e impactos económicos que lo obligan a tomar concienzudas decisiones para lograr que sus inversiones lleguen a buen puerto.
Pero de ello a que algunos directivos opten por acciones como echar al “ICE mexicano” a empleados extranjeros para evitar pagar liquidaciones, hay toda una diferencia ética y moral que no cabe de manera alguna en cualquier actividad empresarial. No hay manera de justificarlo.