Luego del informe del Comité Contra Desapariciones Forzadas (CED) pidió al Gobierno de México, reorientar el debate de la cooperación internacional y sostener una reunión con la presidenta, Claudia Sheinbaum.
El CED que es parte de la de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exige construir estrategias novedosas para prevenir, perseguir y sancionar el delito.
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Así como encontrar, identificar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas
Se determinó llevar la situación de las desapariciones en México, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de la ONU, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM),
A través de un pronunciamiento, consideraron necesario reforzar el compromiso y la voluntad política de priorizar el combate a las desapariciones en los tres órdenes de gobierno.
“Para nosotras es importante que el Estado no solo identifique sus avances, sino que también asuma las responsabilidades que implican sus acciones y omisiones institucionales en la búsqueda, investigación y procuración de justicia que siguen sin dar resultados a pesar de los esfuerzos que hemos reconocido”.
Constante comunicación
Recordaron que el año pasado, durante las mesas abiertas por la Secretaría de Gobernación sostuvieron una interlocución respetuosa y propositiva.
Por ello, aún apuestan al diálogo y trabajo conjunto pero también a la autoevaluación de los resultados que siguen sin llegar.
"Mientras no les tengamos de regreso en casa y cada día desaparezcan más personas, la deuda histórica y presente con las familias de personas desaparecidas estará vigente y en aumento. También mantenemos abierta nuestra invitación a la Presidenta Sheinbaum a mantener un encuentro de trabajo”.
En el documento, confiaron en que los Estados miembros de la ONU vean la necesidad que tienen las miles de familias de personas desaparecidas, de que el Gobierno de México los siga atendiendo y escuchando.
El MNDM, consideró que el informe del Comité de Desapariciones de la ONU, refleja las preocupaciones de la comunidad internacional respecto de las limitaciones de las capacidades y esfuerzos del Estado para la prevención, persecución y sanción del delito.
“Si bien gran parte de la información proporcionada se refiere a Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, el informe menciona que las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas; aun cuando en su respuesta y en el comunicado del 02 de abril 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) rechazan que en México exista una práctica de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad y que sean cometidas de manera sistemática y generalizada”.
Crímenes de lesa humanidad
El CED sustentó que bajo la interpretación de su análisis del Estatuto de Roma y de la propia Convención Internacional, que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad.
Afirman que mediante varios "ataques" generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil, de conformidad con políticas estatales u organizacionales de cometer tales ataques o de promover esa política.
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Es decir, políticas concebidas y/o aplicadas por autoridades públicas en los ámbitos federal, estatal o municipal, o por "organizaciones" que actúan de forma autónoma o con la complicidad y, como mínimo, la aquiescencia de autoridades públicas en los ámbitos municipal, estatal y federal.
De esa manera, para el organismo internacional, el Estado Mexicano ha hecho esfuerzos en acoger las recomendaciones emitidas e incluso ha remitido a otros Estados marco jurídico e institucional como ejemplo positivo.
Sin embargo, el MNDM, refirió que el continuo incremento de las desapariciones con 28 mil 880 personas desapariciones reportadas en el periodo del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025.
También más de 4 mil 500 fosas clandestinas donde se ha encontrado más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos y los cerca de 72 mil restos humanos sin identificar a inicios de 2026.
En comparación con 52 mil en el momento de la visita del CED en 20213 “muestran que estos esfuerzos han resultado insuficientes e ineficaces ante la magnitud de la realidad concreta. Existe responsabilidad estatal por la falta de resolución de casos y la impunidad que gozan los perpetradores”.