La defensa de Genaro García Luna solicitó a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos la realización de una audiencia oral para exponer los argumentos con los que busca anular su condena por narcotráfico.
El abogado César de Castro envió un oficio en el que propuso diversas fechas entre mayo y agosto para llevar a cabo la sesión, en la que se espera que ambas partes presenten sus posturas ante un panel de tres magistrados.
Buscan revertir sentencia de 38 años
La apelación fue presentada el 19 de diciembre y tiene como objetivo invalidar el juicio realizado en 2024, en el que el exfuncionario fue declarado culpable de colaborar con el narcotráfico y sentenciado a 38 años de prisión.
En el recurso legal, la defensa planteó cinco ejes principales, entre los que destacan presuntas irregularidades en el proceso, como la supuesta ocultación de evidencia favorable, testimonios falsos de testigos y la presentación de información indebida sobre su patrimonio.
Fiscalía rechaza argumentos de la defensa
El Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió a la apelación el pasado 21 de marzo, al señalar que los argumentos presentados por la defensa son extemporáneos y carecen de sustento suficiente para invalidar el juicio.
De acuerdo con el fiscal especial Adam Amir, las pruebas presentadas durante el proceso demostraron más allá de toda duda razonable que García Luna aceptó sobornos millonarios de una organización de narcotráfico.
Decisión podría definirse este año
En los próximos días, la corte fijará la fecha de la audiencia, tras la cual los magistrados deliberarán y emitirán una resolución que podría darse hacia finales de este año.
Si la apelación es desestimada, el exsecretario continuará cumpliendo su condena en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. En caso contrario, el tribunal podría ordenar la repetición parcial o total del juicio.
Otros procesos legales en curso
De manera paralela, García Luna enfrenta solicitudes de extradición por parte del gobierno de México, relacionadas con presuntos actos de corrupción durante su gestión como funcionario público. El desarrollo de estos procesos dependerá del curso que tome la apelación en Estados Unidos.