Integrantes del Colectivo Memoria Verdad y Justicia de Acapulco calificaron como histórico el informe del Comité contra las Desapariciones de la ONU, en el que se urgió a implementar medidas de prevención, investigación y castigo ante la crisis.
"Nosotras nos alegramos de este informe, pues podrá el Estado mexicano recibir asesoría y apoyo para combatir este flagelo que aqueja a gran número de familias en México", dijeron madres buscadoras durante una pega de fotografías en el puerto turístico.
Socorro Gil Guzmán, madre de Jonathan Romero -desaparecido por policías municipales en diciembre de 2018-, habló en entrevista sobre la magnitud de la crisis en la entidad.
Afirmó que las familias temen emprender búsquedas por la presencia del crimen organizado. Además, acusó que no acuden a autoridades por su ineficacia y corrupción.
Indicó que Taxco, Tierra Caliente y Chilapa están controladas por grupos criminales, por lo que muchas familias prefieren no actuar.
Señaló que hace tres años el Gobierno reportó al menos 4 mil 500 desaparecidos en Guerrero desde 1970, pero organizaciones estiman casi el doble.
Recordó que en diciembre de 2025 se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado, quien prometió atender dos demandas desde inicios de 2026, sin cumplir hasta ahora.
La primera es la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada; la segunda, que la CEAV entregue puntualmente el apoyo mensual de 3 mil pesos.
"Siguen entregando el recurso con retraso; por ejemplo, el dinero de marzo aún no se ha pagado", dijo.