Tras cinco años de visitas y seguimiento, un informe formal con 85 recomendaciones y una ronda de intercambio con el gobierno mexicano, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) informó el pasado 2 de abril sobre una resolución sin precedente: concluyó que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas en México constituyen crímenes de lesa humanidad y solicitó escalar el caso de México a la Asamblea General, a efecto de que ese órgano impulse cooperación técnica, apoyo forense y un mecanismo de verdad para las familias buscadoras.
Un poco de contexto: desde 2012, el CED ha recibido dos mil 160 solicitudes formales para intervenir. De estas solicitudes, más de una tercera parte (819) corresponden a México. También vale la pena señalar que el CED subrayó que su resolución no debe interpretarse como un acto hostil, sino como una invitación a establecer una colaboración más estrecha, y que es un instrumento previsto en la convención que México ratificó.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El mismo 2 de abril, la Cancillería y la Secretaría de Gobernación emitieron un boletín conjunto. El desafortunado posicionamiento puede resumirse así: el gobierno descalificó el informe del CED tachándolo de ‘tendencioso’, ‘sin rigor jurídico’ y ‘parcial’, e incluso señaló un supuesto conflicto de interés de uno de los integrantes del Comité para restar legitimidad al proceso. El gobierno se vale de un formalismo para justificar su rechazo al enfatizar que el CED fue concebido ‘para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado’ y al afirmar (con suma ligereza en mi opinión) que ‘el gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas’.
Se trata de una reacción casi idéntica a la que tuvieron administraciones del pasado, de otro signo político, cuando otras instancias especializadas publicaron informes en los que se exhibía la crisis humanitaria que vivimos. El mismo tono de soberbia que el gobierno de Calderón usó en 2009, cuando Human Rights Watch publicó Impunidad Uniformada, un informe que documentaba casos de desapariciones forzadas, ejecuciones y agresiones sexuales cometidas por militares, y que concluía que la justicia castrense operaba como un mecanismo de encubrimiento. La misma cerrazón que la administración de Peña Nieto mostró cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH publicó informes sobre el caso Ayotzinapa que desmintieron la ‘verdad histórica’ fabricada por la PGR.
Estas reacciones –las de ahora, igual que las de antes– reflejan la ceguera de taller propia de las burocracias. Esa necesidad autocomplaciente de decir que todo son avances, logros y buenas noticias, incluso de cara a una tragedia insoslayable, como es la crisis de desapariciones que sigue activa en México.
La reacción defensiva ante el informe del CED le resta altura moral al gobierno de la presidenta Sheinbaum. La argumentación formalista suena mezquina cuando se contrasta con el dolor de las víctimas. Brenda Valenzuela, madre buscadora, escribió: ‘La ONU dice que la crisis de desapariciones en México podría constituir un crimen de lesa humanidad. Y yo necesito decir lo que eso significa, no en términos legales, sino en términos de vida: Significa que lo que le pasó a mi hijo no es un caso aislado. No es un error. No es una excepción. Significa que hay un patrón, que hay miles de familias viviendo este mismo infierno, y que el Estado tiene responsabilidad…’
La argumentación del gobierno no solo es frívola. No se sostiene. En México se ha registrado y todavía se registra una participación alarmante de agentes estatales en la desaparición de personas. Para empezar, porque la operación cotidiana de grupos paramilitares o ‘brazos armados’ del crimen organizado, que son los responsables del grueso de las desapariciones que ocurren en el país, sería imposible sin algún grado de omisión o complicidad de ciertas autoridades. Eso, por no hablar de los casos en los que agentes estatales operan directamente redes criminales, que, entre cosas, han cometido infinidad de levantones. Ahí está lo que ocurrió en Nayarit en tiempos de Roberto Sandoval, o de forma más reciente en Tabasco, con La Barredora encabezada por Bermúdez Requena, o en Tequila, con el alcalde Diego Navarro.
El CED lo describe con contundencia en su informe, al señalar que hay ‘información sobre desapariciones cometidas por actores estatales o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado, así como patrones específicos de desapariciones forzadas que detallan diversos casos, especialmente de colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno con grupos criminales, siendo una de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales…’
En este espacio he reconocido los pasos que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado para resolver algunos de los desafíos más apremiantes que tenemos en materia de seguridad. No ha sido el caso con las desapariciones. Faltó humildad. Por sensatez y por mínima sensibilidad política y respeto a las víctimas, la respuesta al informe del CED debió haber sido distinta.