El derecho de competencia mexicano se inspiró en el modelo estadounidense en respuesta a la concentración del poder económico.
La Ley Antimonopolio Sherman fue creada en 1890 para atender el problema que representaban los monopolios. En ese momento, Estados Unidos enfrentaba una concentración de poder en manos de ciertos empresarios, interfiriendo con la competencia económica. La industrialización consolidó grandes grupos empresariales que controlaban el mercado: Rockefeller en la industria petrolera, Carnegie en el acero y J.P Morgan en el sector financiero.
La ley Antimonopolio surgió de la preocupación por la influencia económica y política de estos conglomerados. A través de ella, el Congreso adquirió la facultad para regular el comercio, prohibir conductas anticompetitivas como acuerdos para fijar precios, manipular licitaciones, asignar clientes; así como prácticas de exclusividad.
Actualmente la ley Antimonopolios Sherman continua vigente, protegiendo principalmente al consumidor, frenando la fijación de precios y combatiendo el poder de mercado especialmente con las empresas de tecnología.
Por otro lado, La Ley Federal de Competencia Económica en México busca prevenir monopolios y garantizar la competencia libre y concurrencia en el mercado. Esta ley surgió en el contexto de la liberalización económica y la adopción de estándares internacionales. Sin embargo, en México persisten barreras estructurales derivadas de la integración de grandes grupos empresariales ligados a la élite económica, así como la influencia de grupos políticos, limitando la capacidad de la legislación. Actualmente, la concentración de grupos comerciales se da entre muy pocos empresarios, por lo que la legislación no logra desconcentrar en sí el mercado.
Aunque la Ley Federal de Competencia Económica busca prevenir prácticas anticompetitivas, la concentración económica cuestiona la eficacia real de esta ley. Finalmente, los monopolios inhiben la competencia.