Lo protagonizado por la presidenta Claudia Sheinbaum y muchos de los seguidores de la 4T, en los últimos días, es el súmmum de su conducta política.
A la extrema demagogia, desplegada a lo largo de los últimos meses a partir de la integración de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, se suma la intolerancia mostrada por la presidenta y muchos de sus seguidores tras el fracaso en su aprobación.
A su vez, Morena, al anunciar las fechas en las que abrirían los plazos para que se anotaran los ‘suspirantes’ a servir al pueblo de México, que recibirán la denominación de Coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación en cada uno de los niveles de gobierno que se elegirán en junio del ’27, aceleró el proceso electoral.
Con ello mandó el mensaje de que será una contienda a ‘navaja limpia’, sin respeto alguno por la legalidad electoral.
Lo realizado por Morena —igual que en los dos procesos electorales previos— es claramente ilegal; hacen un ‘fraude’ a la ley y realizarán, en la práctica, «actos anticipados de campaña».
La oposición se verá ‘obligada’ a adelantar los tiempos en la designación de candidatos.
Con ello, todos violarán la ley.
El problema para estos últimos es que la autoridad electoral, la que debería imponer restricciones y sanciones a los infractores, no ha ‘visto’ ilegalidad alguna cometida por Morena y, en cambio, sí podría decretarlo en el caso de los opositores.
No sólo la demagogia y la intolerancia son los dos rasgos sobresalientes en la presidenta; derivados de ellos, está la cerrazón a discutir, incluso con sus propios aliados.
En el fondo, es la continuación de los esfuerzos realizados por López Obrador para convertir a Morena en un auténtico partido de Estado, terminar el diseño de un gobierno claramente autoritario y no permitir su derrota electoral, a ningún precio.
La presidenta simula que su intención es ahorrar dinero, que los ciudadanos sean los que determinen a los candidatos, que está empeñada en mejorar la democracia y que sus actos los preside su afán de que sea el pueblo el que determine la vida pública.
Pura simulación: miente inveteradamente.
A su vez, la dirigencia nacional de Morena se reúne y acuerda, en términos reales, llamar a sus ‘aspirantes’ a no violar la ley electoral. Tal es el conjunto de normas aprobadas, entre las cuales se les ordenó bajar los anuncios espectaculares y otros.
Pura simulación. En todo Chihuahua pareciera que la consigna fue exactamente al revés: hay una verdadera explosión de espectaculares. Descuella en ese aspecto, por el número, Cruz Pérez Cuéllar, pero Brenda Ríos, Gilberto Loya y Jesús Valenciano también despliegan sendos anuncios en esta etapa, después de los que se presentaron semanas atrás por varios de los suspirantes de ambos bloques partidarios.
La Presidenta anunció, cuando creó la comisión presidencial, las líneas generales de la reforma electoral que pretendía.
Luego se dedicaron a simular que ‘escuchaban’ a los cientos de mexicanos que se presentaron a esos foros.
Ninguno fue escuchado. La iniciativa presentada sólo contiene los deseos presidenciales.
Fundamentalismo puro.
Son desconocidas e inescrutables las razones por las que la presidenta decidió presentar la iniciativa. Sabía que no contaba con mayoría calificada; sabía, desde semanas atrás, que sus aliados votarían en contra.
A menos de 24 horas del rechazo de la reforma electoral, en otra muestra del autoritarismo con el que actúa, ya estaba presentando su denominado ‘Plan B’, en el que pretende efectuar varias modificaciones constitucionales, para las cuales, ahora sí, llamaron a discutir a las dirigencias de sus aliados.
Bajo el sambenito de que desean ‘acabar con los privilegios’ de la clase política, intentarán afectar la autonomía de los municipios y ordenar al seno de las entidades federativas en varios sentidos.
Fundamentalismo puro.
Sólo ganaron unas elecciones, no hicieron la ‘revolución’, y para imponer su concepción hacen uso de todas las malas artes de la política y la delincuencia.
Sí, porque mienten sin parar, amenazan, hostigan, acosan y extorsionan para hacer que sus aliados se sometan a sus directrices.
Por eso les era tan útil Adán Augusto López.
¿Para qué cambiar nada si con el actual marco legal electoral fue capaz de ganar dos elecciones presidenciales y las gubernaturas de 23 estados, así como las legislaturas de otros 22 y un enorme número de municipios?
El rechazo de la reforma electoral causó serias heridas al interior de la 4T. Les puede generar algunas resquebrajaduras. El proceso electoral del próximo año es gigantesco y puede llevar a que sus aliados, en algunas elecciones, decidan no ir junto a los morenistas.
Y es que, en el fondo de todas las pretensiones presidenciales, se encuentra el temor de perder la mayoría en la Cámara de Diputados.
En las elecciones de 2024, Morena y sus aliados obtuvieron el 54 % de los votos; la oposición, el 46 restante.
Ese resultado se dio cuando aún era presidente López Obrador.
No es todo. En ese año, los partidos de oposición obtuvieron triunfos en por lo menos 14 capitales estatales y en una buena cantidad de municipios urbanos.
Es probable que las verdaderas encuestas —no los sondeos que se hacen electrónicamente— les muestren una elevada competencia en la conformación de la Cámara de Diputados, y que por ello la presidenta insista en quitarles fuerza y dinero a los partidos.
Sí, porque disminuir en una cuarta parte el financiamiento a los partidos a quien perjudica mayormente es a los partidos minoritarios, a todos, y fortalece, obviamente, al que está en el Gobierno.
No se acaban sus problemas. El líder de los senadores morenistas (Ignacio Mier) informó que ya había acuerdo en el Plan B, pero fue desmentido por el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal.
¿Le afectará todo lo anterior a la 4T en Chihuahua?
Difícil saberlo. Lo cierto es que, desde hace meses, con alguna frecuencia, las legisladoras del PT han votado, en algunas de las iniciativas más importantes a nivel local, junto al bloque gobernante en Chihuahua.
Se podría sostener que, a pesar del grave linchamiento morenista efectuado en contra de la diputada federal Lilia Aguilar, el PT y el PVEM procurarán concretar la alianza.
Le saldrá muy cara al morenaje.
Le impondrán serias condiciones, entre ellas un mayor número de candidaturas a los distritos locales, algunas de las diputaciones federales y, por supuesto, en varias presidencias municipales.
¿Podrán —y querrán aliarse— luego de la campaña de linchamiento desatada sobre ellos?
Linchamiento que protagonizan, incluso, luengos militantes de la izquierda histórica.
Javier Corral fue muy criticado porque no fue capaz de denunciar a Maru Campos sino hasta la parte final de su gobierno.
Incluso, cuando era gobernador electo, a varios políticos locales les confirmó que tenía en su poder los originales de los recibos supuestamente firmados por Maru.
Nada dijo en 2016; se dio cuenta de que necesitaba del concurso de la ahora gobernadora para ganar la gubernatura y la mayoría legislativa, gracias a los altos índices de aprobación de los que gozaba la entonces candidata a la alcaldía de Chihuahua.
El PAN ganó las cinco diputaciones locales de la capital.
Corral nada dijo tampoco en 2018, porque esa misma popularidad de Maru le garantizó la mayoría legislativa en el Congreso del Estado para la segunda parte de su gobierno.
Así están ahora los morenistas difundiendo masivamente los excesos, desatinos, defectos, supuestas corruptelas e incongruencias de sus aliados del PT, a los que ahora denuestan acremente, pero que cuando este partido les prestaba sus siglas para postular candidaturas de ellos.
Pero ahora, una vez que el PT no aprobó la reforma electoral, despotrican: —¡Uy, ‘guácala’! ¿Cómo nos fuimos a juntar con éstos, si son rete corruptos?—
Corruptos, corruptos, pero vaya que les sirvieron para concretar las reformas y, antes, para cobijar a varios de sus dirigentes más importantes.
La 4T está asustada con la posibilidad de no tener mayoría de diputados en el ’27; por ello, la presidenta pretende juntar la revocación de mandato con la elección de ese año.
No hay fuerza alguna ni grupos de la sociedad civil que estén planteándose revocar el mandato de la presidenta.
Ese intento lo está haciendo desde la Presidencia de la República; no vivimos en una dictadura, es evidente, pero sí en un régimen autoritario que cada día pretende arrogarse más facultades y atribuciones extralegales y legales con base en una mayoría emergida de chicanada y media y de procedimientos mafiosos para lograrla en la Cámara de Senadores.
Hasta las encuestas de las empresas con simpatías por Morena muestran un dato preocupante para ellos.
“Morena sigue perdiendo preferencias electorales. A la pregunta de por qué partido votaría si hoy fueran las elecciones de diputados federales, el 42 % ha respondido que por Morena. Sigue siendo el partido con mayor preferencia bruta, pero cayó seis puntos desde octubre de 2025, cuando el 48 % de los encuestados respondió que votaría por ellos”. (Nota de Ernesto Núñez, El País, 6/3/26).
El colmo de la intolerancia presidencial lo mostró en la mañanera cuando, con el gesto de extrema molestia, se lanzó contra quienes votaron en contra de su propuesta:
“… Entonces, los diputados de Morena que no votaron, pues no tienen esas convicciones, ¿verdad? Tienen otras o se dejan llevar por lo que sale en el REFORMA o en Latinus o no sé…”.
Si algunos nos quejamos de la intolerancia mostrada por algunos morenistas, la presidenta le otorgó al país una vívida muestra de ello.
¿Cómo es que acusa a sus compañeros de partido, a los legisladores que llegaron junto con ella a los cargos, de ser personas manipulables por la prensa “neoliberal”?
¿Acaso no los cree capaces de pensar por su cuenta? ¿Sólo porque opinaron diferente a ella?
N’ombre, es capaz de ‘aceptar’ las opiniones diferentes, pero hay un límite:
“Aquí mismo dije: hay que reconocer la diversidad política de México, así lo dije y lo sigo diciendo. Ah, pero no hay que traicionar al pueblo”.
¿Y quién califica el momento en el que alguien ya ‘traicionó al pueblo’?
Fácil: la presidenta.