Condenas de más de 200 años de prisión podrían enfrentar Eduardo N y Mariana N por el homicidio de dos personas y la tentativa en agravio de un menor. En tanto, su madre, conocida como Doña Carlota, llegaría a recibir una pena de hasta 140 años por los hechos ocurridos en abril de 2025 en este municipio.
— Azteca_NewsMX (@Azteca_NewsMX) April 1, 2026
| CASO “DOÑA CARLOTA”
Salió este miércoles del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco (Estado de México) para continuar su proceso penal en prisión domiciliaria.
María Carlota Alfaro Quintana (74) obtuvo prisión domiciliaria en Chalco.Está acusada de… pic.twitter.com/pra56cNPGK
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Este día se llevó a cabo la audiencia en contra de los dos imputados, luego de que el 1 de abril, Doña Carlota obtuviera el beneficio de prisión domiciliaria para continuar su proceso bajo estrictas medidas cautelares.
Aplazamiento de audiencia
Durante la audiencia, celebrada en los juzgados de Chalco, el Ministerio Público solicitó las penas correspondientes para los tres involucrados. Por su parte, la defensa de Eduardo N y Mariana N pidió aplazar el proceso hasta el 20 de abril, con el fin de presentar pruebas que sustenten la presunta legítima defensa ante un caso de despojo.
Las penas solicitadas derivan de la acumulación de cargos por homicidio y tentativa de homicidio, con agravantes como ventaja y presunta saña.
“Invadieron mi casa”, dice doña Carlota:
— Antonio Nieto (@siete_letras) April 3, 2025
La familia de los asesinados dice que rentaron el inmueble por Facebook.
Hasta ahora, NINGUNA de las partes ha acreditado sus dichos ante @FiscaliaEdomex.
Sin embargo, a los occisos (padre e hijo) los ligan con invasores de predios. https://t.co/9C7wV72svZ pic.twitter.com/oyAP4GsuC8
Prisión domiciliaria
En cuanto a la situación de Doña Carlota, un juez federal le concedió prisión domiciliaria debido a su edad y estado de salud, ya que padece diabetes e hipertensión.
Actualmente enfrenta el proceso con un brazalete electrónico, tras cubrir una garantía económica y con restricción para salir del país.
El caso ha generado debate jurídico: mientras la defensa sostiene que los hechos ocurrieron en legítima defensa, la Fiscalía argumenta un uso excesivo de la fuerza.
El proceso continúa en curso y será el juez quien determine en próximas audiencias si existen elementos suficientes para dictar sentencia.
