Guanajuato.- Existe una “lesión patrimonial” al Gobierno del Estado de entre 1,459 y 1,812 millones de pesos bajo la estructura actual de la concesión de la autopista Guanajuato-Silao.
Además de que pierden 270 millones de pesos de ingresos al año, por ya no cobrar el peaje en la caseta de cuota desde el 19 de diciembre de 2024, cuando el Gobierno estatal entregó la operación, administración y recaudación del peaje al consorcio de empresas VISE-Rubau.
Carretera Silao-San Miguel de Allende
Y el costo por no construir la carretera Silao-San Miguel de Allende es de 26 millones de pesos mensuales.
La concesión para construir esta vialidad inició su vigencia el 25 de septiembre de 2024, en el último día del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por lo que ya lleva un año y seis meses de retraso.
Así lo dio a conocer Carlos Arce Macías en una conferencia de prensa acompañado por los demás ciudadanos que desde enero demandan la eliminación del cobro de peaje en la autopista Guanajuato-Silao, autodenominado Resistencia Ciudadana.
Obtienen cifras con inteligencia artifical
Lo que explicó en general de cómo se obtuvieron estas cifras, es que este grupo ciudadano tiene como colaboradores otras personas especialistas en Inteligencia Artificial, Matemáticas y análisis de datos, quienes hicieron un modelaje de claude y lo contrastaron con chat GPT y Gemini, y analizaron los documentos publicados en la página de transparencia sobre concesiones publicado por Gobierno del Estado.
Con eso, se presentaron como si fueran auditores (no se presentaron físicamente en ningún lugar) sino ante esta información para analizarla y las cifras anteriores fueron el resultado.
Aclaró que estos expertos no quieren dar la cara ni que se den sus nombres a la prensa.
“Práctica desfavorable” haber entregado la Silao-San Miguel
Arce Macías señaló que tomaron como base que la caseta Guanajuato-Silao generaba ingresos netos de entre 167 y 209 millones de pesos anuales, que eran ingresos constantes y predecibles. Estas cifras las tomaron de la Cuenta Pública estatal de 2018, precisó Orlando Palacios.
Cuando AM dio a conocer la licitación para esta concesión, en julio de 2024, se informó que la Secretaría de Finanzas reportó que en 2023 se obtuvieron ingresos por 252 millones de pesos en esta autopista.
Esta autopista la entregó Gobierno del Estado a cambio de una obra nueva, construir la autopista Silao-San Miguel de Allende.
“Lo que se considera una transferencia injusta de riqueza pública al sector privado. Ahí se ve claramente que los guanajuatenses estamos subsidiando la construcción de la obra”, afirmó Arce Macías.
Proyecto Greenfield
En un documento enviado posteriormente a AM por Arce Macías, se abundó que el especialista que ayudó a estos ciudadanos señaló que la autopista Silao-San Miguel es un Proyecto Greenfield, que en finanzas de infraestructura, es aquel que se construye desde cero, sin historial de operación y en este caso específico que al momento de la firma no generaba ingresos.
“Su rentabilidad es incierta y su flujo de efectivo tarda años en materializarse. Ceder activos líquidos y seguros a cambio de proyectos Greenfield sin garantías adicionales es considerado una práctica desfavorable para el sector público”, concluye el escrito entregado por Carlos Arce.
En el mismo documento se explicó que la “lesión patrimonial” la obtuvo el experto de la siguiente lógica:
1-Se tomó el flujo neto anual de la caseta (entre $167 y $209 millones al año, según el escenario conservador o el optimista derivado de los datos históricos de aforo).
2. Ese flujo se proyecta durante el periodo de concesión (30 años, extendible a 60), aplicando una tasa de descuento financiero que refleja el valor presente del dinero en el tiempo (a mayor tasa de descuento, menor valor presente).
3. Al valor presente del flujo cedido se le resta el valor presente de la contraprestación recibida (la carretera A2), calculada a partir del costo de construcción real versus el costo de referencia SICT.
4. La diferencia entre ambos valores presentes es la lesión patrimonial estimada. El rango ($1,459-$1,812 millones) refleja los escenarios bajo y alto de aforo y tasa de descuento.
Roberto Saucedo Pimentel, presente en la conferencia de prensa, afirmó que en la reunión del lunes de un grupo de ciudadanos que piden la eliminación del cobro de la autopista Guanajuato–Silao, con la gobernadora, ella comentó que con los resultados de la auditoría, “si hubiera hallazgos donde se demostrara que hay lesión al patrimonio, se puede hacer un ajuste, se puede hacer una revisión también a la concesión”.
Proponen ciudadanos despacho internacional para auditoría
Carlos Arce también dijo que en la reunión del lunes con la gobernadora Libia García le propusieron que en la revisión que se hará a esta concesión -que ella misma ya anunció desde el 24 de febrero- se haga una auditoría internacional independiente y que ella estuvo de acuerdo.
Precisó que pidieron que este despacho tenga tres características indispensables: 1. Experiencia comprobable en finanzas de infraestructura a nivel global. 2. Sin conflictos de interés con ninguna de las partes. 3. Sin vínculos contractuales previos con la empresa concesionaria.
Explicó que no quieren que haga la auditoría un despacho nacional porque es muy posible que tenga relación comercial con VISE, porque al tratarse del mercado de infraestructura, que es muy pequeño, ahí se encuentran las mismas empresas.
¿Más descuento en la caseta?
Agregaron que también Libia se comprometió a revisar, provisionalmente, la aplicación de más descuento en la autopista Guanajuato-Silao, para que sea mayor al 40% que se empezará a aplicar el 15 de abril para los capitalinos.
Y para que si el tag de descuento para los capitalinos por alguna razón no trae dinero y solamente se pueda pagar en ese momento en efectivo se respete el descuento del 40%.
En la conferencia de prensa de este martes también estuvieron Rogelio García Espinoza, Orlando Palacios y Guillermo Siliceo.
Desmiente Gobierno que Libia haya desconocido detalles de la concesión
En una tarjeta informativa enviada por Comunicación Social del Gobierno del Estado, a petición de AM, expresaron varios puntos en relación con la información difundida respecto a la reunión sostenida el lunes entre la Gobernadora y los ciudadanos mencionados.
Juan Pablo Pérez, Alejandro Sierra, Orlando Palacios, Rogelio García, Roberto Saucedo, Jorge López, Carlos Arce y Guillermo Siliceo,al final de la reunión del lunes con la gobernadora Libia García, en Palacio de Gobierno. Foto: X Libia García
“Durante la reunión, en ningún momento se desconoció la existencia, alcance o condiciones de dicha concesión. Por el contrario, se informó que fue en el proceso de entrega recepción donde se dieron a conocer los alcances de la misma.
“Se reiteró que el Gobierno del Estado reconoce su validez jurídica y que su actuación se rige por el principio de legalidad, lo que implica garantizar que el concesionario cumpla con todas las obligaciones establecidas en el título correspondiente”.
Se destacó que, en el diálogo con los ciudadanos, se sostuvo una postura de apertura institucional y escucha activa, reconociendo el derecho a la participación ciudadana. “No obstante, también se dejó claro que, hasta el momento, no existen elementos que acrediten irregularidades en el proceso de concesión”.
Estado no puede modificar tarifas de caseta de cuota
“Es importante precisar que el esquema de cobro de la autopista corresponde a las condiciones establecidas en el título de concesión vigente, por lo que no se encuentra sujeto a modificación unilateral por parte del Estado”, resaltó la tarjeta informativa.
Asimismo, los beneficios adicionales anunciados para habitantes de Guanajuato capital fueron gestionados sin implicar recursos públicos ni alteraciones contractuales, siendo absorbidos por la empresa concesionaria en el marco de sus facultades operativas.
Agrega que con el objetivo de fortalecer la certeza y confianza pública, se determinó llevar a cabo una evaluación externa por parte de un despacho especializado de prestigio internacional, que realizará un análisis independiente sobre los aspectos técnicos, financieros y jurídicos de la concesión. En caso de identificarse hallazgos relevantes, se procederá conforme a las disposiciones correspondientes.
Adicionalmente, se propuso la instalación de mesas de trabajo de carácter técnico, en las que podrán participar especialistas propuestos por los propios colectivos, a efecto de que presenten información verificable y sustenten sus planteamientos.
Se reiteró que la concesión de la autopista Guanajuato–Silao es un acto jurídico previamente otorgado en una administración anterior, mediante un título de concesión legalmente constituido, vigente y obligatorio para el Estado. En ese sentido, la actual administración asume la responsabilidad de su seguimiento, supervisión y cumplimiento.
La obligación del estado
La obligación es la de verificar que la ejecución de la concesión se realice con estricto apego a la ley, bajo criterios de transparencia, rendición de cuentas y protección del interés público.
En este sentido, cualquier revisión debe sustentarse en elementos técnicos, jurídicos y documentales.
Recordaron que la información relativa a esta concesión se hizo pública y se encuentra disponible para consulta en la plataforma oficial de transparencia proactiva del Gobierno del Estado: https://obrapublica.guanajuato.gob.mx/concesiones-transparentes/ lo cual permite a cualquier persona conocer los términos, alcances y condiciones del título concesionado.
RAA