Chihuahua.- La decisión de llevar a México ante la Asamblea General de la ONU, en un hecho histórico que activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, nació de una supervisión e investigación que abarcó cuatro sexenios presidenciales y más de 15 años, en el Comité contra la Desaparición Forzada, un expediente del que Chihuahua es parte.
El dictamen, en una versión avanzada del Comité, publicado apenas la semana pasada, concluyó que existen indicios de que la desaparición forzada se realiza de forma generalizada y sistemática en territorio mexicano, configurándose como un crimen de lesa humanidad.
El vínculo formal de supervisión comenzó en febrero de 2007, cuando México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en el sexenio de Felipe Calderón.
En 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas realizó una visita al país y documentó un incremento en la incidencia delictiva tras el cambio en las políticas de seguridad de 2006.
Para el año 2012, ya con el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Comité registró la primera petición de acción urgente por hechos ocurridos en suelo mexicano. Este periodo inicial culminó en marzo de 2014 con la presentación del primer informe del Estado ante el Comité en Ginebra.
En sus observaciones finales de febrero de 2015, el Comité determinó que la información disponible evidenciaba un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del país.
Dos años después, en 2017, organizaciones civiles como la Federación Internacional de Derechos Humanos iniciaron el envío de comunicaciones a la Corte Penal Internacional denunciando crímenes de lesa humanidad en estados como Coahuila.
En 2018, el Comité emitió nuevas observaciones alertando sobre la continuidad de una impunidad superior al 98%. Para 2020, ya con Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México reconoció formalmente la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales de las víctimas.
En noviembre de 2021, el Comité realizó su primera visita oficial a México. El informe derivado de esa inspección, publicado en 2022, acuñó el término "crisis forense" para describir la acumulación de más de 52 mil cuerpos sin identificar en anfiteatros y fosas comunes.
Durante el año 2024, año en que tomó posesión en la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, organismos internacionales registraron un agravamiento de esta situación. Reportes independientes señalaron que la cifra de restos humanos sin identificar ascendió a más de 72 mil 100 al cierre de ese periodo.
Entre febrero y abril de 2025, la sociedad civil presentó documentación detallada exigiendo la activación del artículo 34 de la Convención. En el mismo periodo, el informe de la FIDH reportó el hallazgo de 40 fosas clandestinas en Chihuahua tan solo en el mes de enero.
Chihuahua se identificó, junto con otras seis entidades, como el grupo que concentra el 71.3% de los restos sin identidad en el país. En junio de 2025, el Comité solicitó formalmente al Estado mexicano toda la información pertinente para evaluar la gravedad de los hechos.
El 18 de septiembre de 2025, México entregó su respuesta oficial rechazando que las desapariciones constituyan una política de Estado o una práctica generalizada. El gobierno argumentó que la mayoría de los casos son atribuibles a la delincuencia organizada y destacó reformas legales publicadas en julio de 2025 para fortalecer los registros de identidad.
Finalmente, el 19 de marzo de 2026, el Comité emitió su decisión definitiva. El documento concluye que existen ataques sistemáticos contra la población civil con la participación o aquiescencia de servidores públicos de los tres niveles de gobierno.
Ante la magnitud de la crisis forense y la falta de avances efectivos en las investigaciones, la ONU elevó el caso a la Asamblea General para solicitar cooperación técnica y financiera urgente.