En abril de 2022, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) presentó un documento, integrado con la información que sus expertos obtuvieron en su visita a México entre el 15 y el 27 de noviembre de 2021; ahí destacó la “imperante impunidad” en ese delito. Según los datos estatales, se explicó, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos habían sido judicializados y sólo se habían dado 36 sentencias a nivel nacional, para ese momento.
El Comité mencionaba una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de las desapariciones y “causa zozobra para las víctimas y las personas y las organizaciones que los acompañan”.
El nuevo documento del CED para sustentar la activación, para México, del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, que se dio a conocer la semana pasada, recordó esa visita y las observaciones y recomendaciones que emitió en abril de 2022.
En el 2021, tras reunirse con familiares de víctimas y autoridades de 13 estados, el Comité recibió testimonios que relataban desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, empresas de seguridad privada y grupos delictivos que actuaron ante la inacción de las autoridades. En ese contexto, el CED recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad, o cuando no se adoptan las medidas para evitar que se produzcan nuevas desapariciones, o para investigar y llevar a los autores ante la justicia.
Porque, si no es el Estado el responsable de un delito que crece con impunidad, ¿a quién se le puede pedir cuentas? ¿A quién debe acudir la ciudadanía? Como parte de esa visita, se dieron también 84 recomendaciones al gobierno mexicano, entre las que además de visibilizar, informar y concientizar sobre el delito, se pidió fortalecer los procesos de búsqueda, atender la crisis forense, y remover los obstáculos que impiden la judicialización y persecución del delito.
En 2023, dos años después de su visita, el Comité insistió en la deficiencia en la judicialización y persecución penal, y un uso limitado de investigaciones de campo y de medios de prueba científicos.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó en su cuenta de X, que para tomar su decisión el CED consideró que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de este año son, en sí mismos, “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa (...) a inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar (en comparación con los 52 mil en el momento de la visita del Comité en 2021”.
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Piloto evita choque en pista
De acuerdo con el testimonio de un pasajero: El vuelo 367 de Aeroméxico que arribaría al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 22:25 horas, el sábado 4 de abril, tuvo que elevarse de nuevo, bruscamente, cuando estaba a punto de aterrizar. Después de unos minutos en el aire, por la bocina el piloto explicó que la maniobra se debió a que había otra aeronave interfiriendo en la pista asignada; finalmente el aterrizaje se concretó y los pasajeros salieron por un andén en obras y sin señalización a la Terminal 2.
@chimalhuacano