La primera sesión del juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pasará a la historia. La imagen de ambos sentados, custodiados y visiblemente tensionados en el Tribunal Supremo marca un punto de inflexión político y judicial, el paso de la sospecha a la rendición de cuentas pública.
La Fiscalía Anticorrupción solicita penas elevadas, más de dos décadas de prisión en el caso del exministro, en la primera pieza de un macroproceso que se ha convertido en el principal ariete político contra el Gobierno de Pedro Sánchez, cuya primera derivada parte de la adquisición del material sanitario en los peor de la pandemia. Desde el primer momento, la defensa de ambos acusados se apoyó en un elemento clave, los testimonios del entorno familiar.
El testimonio de Víctor Ábalos, hijo del exministro, no solo buscó desmontar la tesis del “custodio” del dinero, sino también construir una narrativa alternativa, la de un padre con dificultades económicas al que su familia auxilia. Su declaración —centrada en préstamos personales y ayuda económica— pretende desactivar la interpretación de los investigadores sobre movimientos de dinero que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presume bajo sospecha.
En paralelo, Joseba García, hermano de Koldo García, reforzó la misma lógica de protección al justificar incrementos patrimoniales y minimizar cualquier implicación directa en la trama.
Aldama como “nexo corruptor”
La defensa encontró además un apoyo inesperado en las declaraciones —por escrito— del ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso Francina Armengol, por haber adquirido el material sanitario cuando ambos eran los presidentes de Canarias y Baleares, respectivamente. Ambos coincidieron en un punto clave, en que no recibieron presiones directas de Ábalos para adjudicar contratos a empresas vinculadas a la trama.
Los testimonios de los dos dirigentes socialistas debilitan, al menos parcialmente, la idea de una intervención jerárquica directa del exministro en decisiones concretas. Sin embargo, sí reconocen que existieron contactos con Koldo García. Es decir, la figura del asesor emerge como un posible intermediario clave, lo que encaja con la línea de investigación de Anticorrupción que señalan al exasesor de Ábalos como su ejecutor.
El elemento más significativo de la jornada fue el cambio de enfoque de las defensas. Hasta ahora, la estrategia de Ábalos y Koldo había consistido en negar cualquier relación económica con el también imputado Víctor de Aldama. Pero en el juicio ha emergido una línea distinta al señalar directamente al empresario como el verdadero articulador de la trama. Este movimiento no está exento de riesgos, porque implica, de forma indirecta, aceptar que existieron beneficios o favores que podrían haber sido canalizados por terceros.
El momento más tenso de la primera jornada comenzó en el interrogatorio a Jésica Rodríguez, expareja del antiguo secretario de Organización del PSOE, donde la defensa de Ábalos trató de vincular los beneficios recibidos por la testigo con el entorno de Aldama. Este giro revela una estrategia más agresiva al erosionar la credibilidad de los testigos y reconfigurar el relato del caso.
La jornada también dejó inconsistencias de gran calado. Las diferencias entre el testimonio de Jésica Rodríguez —que admitió haber cobrado sin trabajar en las empresas públicas Ineco y Tragsatec— y el de Joseba García reflejan grietas en las versiones de los implicados. Estas contradicciones son un arma de doble filo. Por un lado, pueden debilitar la acusación si generan dudas razonables; por otro, pueden reforzar la idea de una estructura desordenada pero funcional, típica de redes clientelares. @mundiario