Desde el segundo trimestre de 2024, con base en datos ajustados por estacionalidad, la inversión física en México, técnicamente referida en las Cuentas Nacionales como la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), ha mostrado una tendencia declinante, la cual se acentuó durante 2025.
La evolución reciente de la FBCF parece configurar una fase cíclica a la baja, que ha revertido parcialmente el aumento observado desde mediados de 2022 hasta principios de 2024. Dado que representa aproximadamente el 86 por ciento del total, la inversión privada ha tendido a delinear el ciclo de la FBCF. No obstante, la profundidad y extensión de sus fases han diferido de las correspondientes a la inversión pública.
Específicamente, la etapa alcista de la FBCF estuvo liderada por el auge de la inversión pública, en especial por la edificación de tres obras gigantescas: el AIFA, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Si bien la inversión pública pudo haber detonado algunos proyectos privados, el factor dominante detrás de la expansión de la inversión privada, que siguió a la pública, parece haber sido la expectativa de relocalización de plantas y otras instalaciones en México, como parte de la consolidación de las cadenas de suministro de Norteamérica.
En contraste, la contracción de la FBCF comenzó con la inversión privada en el primer trimestre de 2024 y se agudizó con un desplome significativo de la inversión pública a partir del cuarto trimestre de ese año. La fase bajista parece haberse derivado de la conclusión de los proyectos gubernamentales mencionados, así como del agotamiento del potencial percibido del “nearshoring”.
Se ha extendido la preocupación entre los observadores sobre las posibles consecuencias adversas de la contracción de la FBCF. Como era de esperarse, el razonamiento más recurrente ha sido que una menor inversión reducirá la capacidad de crecimiento de la economía.
Aunque podría parecer incontrovertible, esta aseveración solo es válida si se cumplen, al menos, dos supuestos básicos de la lógica económica: primero, que los activos de inversión producirán servicios útiles en el futuro; y segundo, que la inversión realizada no desplaza usos más rentables desde el punto de vista privado o social. Ignorar estas condiciones conduce a sobredimensionar indebidamente las implicaciones de muchos gastos clasificados como inversión.
Los casos más claros de violación de estos supuestos se encuentran en la inversión pública. Por ejemplo, los megaproyectos gubernamentales mencionados se caracterizan por una generación casi nula de bienes y servicios y por pérdidas económicas operativas monumentales. Su costo de edificación y mantenimiento ha desviado cuantiosos recursos de usos con mayor justificación social.
Conviene recordar que, en economía, lo que no se ve suele ser más importante que lo que se ve. Con la realización de esas obras, el Gobierno Federal dejó de invertir en proyectos urgentes, como infraestructura eléctrica, hídrica y de transporte, así como en educación. En la medida en que refleja principalmente la conclusión de obras improductivas, la menor inversión pública difícilmente constituye un preludio de menor dinamismo futuro de la economía.
Las consideraciones anteriores ponen en entredicho la costumbre gubernamental de establecer metas para el coeficiente de inversión respecto al PIB. Para que la inversión tenga los efectos esperados, facilitar la eficiencia y el dinamismo de la economía, se requiere que responda a una evaluación sensata de proyectos. Más que metas cuantitativas, el gobierno debería facilitar la propagación de proyectos de calidad. En el pasado, los subsidios gubernamentales a la construcción de vivienda llevaron a inversiones privadas en desarrollos inmobiliarios fallidos.
Finalmente, no debe olvidarse que, por lo general, la inversión está sujeta a lo que los economistas denominan “rendimientos decrecientes”. A manera de ilustración, la acumulación de máquinas en un proceso aporta cada vez menos, hasta llegar a cero. La correspondencia a nivel agregado es directa: si solo se invierte, la economía crece durante un tiempo, pero tarde o temprano se estanca. Lo que rompe ese límite es el cambio tecnológico, basado en la innovación, nuevos conocimientos y mejores procesos.
El problema económico más grave de México es el estancamiento prolongado de la productividad total de los factores, lo cual refleja un escaso cambio tecnológico. Haría bien el gobierno en adoptar una visión de largo plazo y orientar sus políticas a favorecer los motores de estas transformaciones, como la I+D y la creación de patentes, que hagan posible un verdadero despegue del crecimiento potencial de la economía.