El llamado caso Koldo nació bajo la sombra de la pandemia y la compra urgente de mascarillas, pero como ocurre con muchas tramas de poder, ha ido dejando un rastro de derivadas igual de inquietantes. Una de ellas es la posible colocación de personas cercanas a figuras políticas en empresas públicas o dependientes del Estado. Y en ese terreno, donde lo legal y lo indecente a veces conviven sin despeinarse, ha irrumpido con fuerza el nombre de Claudia Montes.
Montes, amiga de José Luis Ábalos, ha declarado en el Tribunal Supremo por su contratación en Logirail, empresa vinculada a Renfe y dependiente del Ministerio de Transportes. Su testimonio ha intentado desmontar la idea de que fue “enchufada”, asegurando que se presentó mediante portales de empleo y que Ábalos jamás le dijo que la había colocado. Sin embargo, la causa no se sostiene solo sobre lo que alguien dice recordar, sino sobre lo que los hechos dejan entrever.
Un contrato envuelto en versiones contradictorias
Lo más llamativo de esta historia no es solo la contratación, sino el caos narrativo que la rodea. Tres relatos distintos han convivido en la sala del Supremo. Según Montes, ella era una trabajadora válida que acabó marginada por quejarse. Según un exgerente, dejó de acudir a su puesto y se inició un expediente disciplinario. Según otro responsable posterior, el problema fue que la empresa no supo ubicarla ni darle condiciones adecuadas, por lo que decidió ascenderla.
Cuando en un mismo caso conviven versiones tan opuestas, el ciudadano no sabe qué pensar, pero sí sabe algo: que el sistema no funciona como debería. Si la empresa pública no puede explicar con claridad qué hacía una trabajadora, cómo se evaluó su rendimiento y por qué se tomó la decisión de subirle la categoría, entonces el problema no es solo Montes. Es estructural.
El trabajo público no puede ser una niebla administrativa
Montes llegó a afirmar que pasaba por la biblioteca para coger libros y “aprender sobre trenes” durante su jornada laboral. El detalle, casi caricaturesco, sería anecdótico si no fuera porque refleja una idea peligrosa: que un puesto financiado con dinero público puede convertirse en una sala de espera indefinida.
No es solo una cuestión de moral, sino de control institucional. Las empresas públicas deberían ser ejemplares en trazabilidad laboral, supervisión y productividad, porque están sostenidas por impuestos y porque afectan a servicios esenciales. Si el relato de “no había ordenador, estaba de cara a la pared” es cierto, es un escándalo de gestión. Si el relato de “no iba a trabajar” es cierto, es un escándalo de supervisión. En ambos casos, el Estado queda retratado como una maquinaria capaz de pagar sin saber exactamente qué compra.
El debate de fondo y la factura política
La clave aquí no es si Montes es culpable o víctima. La clave es por qué el sistema permite que una amistad política pueda generar sospechas tan verosímiles. Aunque no existiera enchufe, el simple hecho de que un ministro pregunte por WhatsApp si pueden contratar a “la de Gijón” y alguien responda “lo arreglo” es suficiente para que la confianza pública se agriete.
La ciudadanía no exige santos, exige reglas claras. Y en este caso la sensación es la de un pasillo oscuro donde unos pocos se mueven con linterna y el resto a tientas. Si el empleo público se percibe como un premio de proximidad, se destruye el mérito, se desmoraliza al trabajador honesto y se alimenta el cinismo social.
El país no necesita más ruido judicial, necesita reformas concretas: procesos de selección auditables, evaluaciones obligatorias y consecuencias inmediatas ante cualquier irregularidad. Porque cuando el Estado se permite zonas grises, siempre acaba pagando la democracia. @mundiario