Con el apoyo de Movimiento Ciudadano (MC), Morena y aliados lograron aprobar en el Pleno de la Cámara de Diputados en lo general el Plan B electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum que establece un tope a las regidurías, limita el presupuesto de Congresos locales y reduce el salario de funcionarios electorales.
Tras una discusión que se prolongó poco más de cuatro horas, se avaló la reforma en lo general con 377 votos a favor y 102 en contra, estos últimos de integrantes del PAN y PRI.
En el debate, la Oposición rechazó que la reforma genere ahorros significativos y criticaron que el Gobierno federal y la mayoría impulsen una reforma electoral mientras en el País existen crisis, como la de las desapariciones forzadas.
Las modificaciones establecen un tope de 15 regidurías en los Ayuntamientos y plantean que los recursos anuales de los Congresos locales no deberán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de la entidad federativa correspondiente.
Agrega que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales, titulares de secretarías, órganos administrativos y áreas ejecutivas y técnicas del INE, organismos electorales y Tribunales Electorales locales no podrán ganar más que la Presidenta de la República, ni podrán adquirir o contratar seguros, tener cajas de ahorro especiales o regímenes especiales de retiro que no estén previstas por la ley.
Además, establece que a partir de 2027, el presupuesto del Senado deberá ajustarse durante los próximos cuatro años hasta alcanzar una reducción acumulada de 15 por ciento en términos reales, con respecto a su presupuesto de 2026.
Luego de que su partido logró en el Senado eliminar del proyecto la revocación de mandato, el petista Francisco Amadeo Espinosa anunció que su bancada votaría a favor de la reforma, porque responde al principio de austeridad republicana y elimina excesos y privilegios en la burocracia electoral.
“Responde a una realidad que no se puede ni debe ocultarse: durante décadas, las altas burocracias, incluida la electoral, construyó un entramado de privilegios caracterizado por sueldos millonarios, seguros médicos privados, cajas de ahorro especiales, regímenes de retiro discrecionales y un sin número de prestaciones que no están al alcance de la mayoría de los trabajadores del país”, afirmó.
El pevemista Juan Carlos Carrillo Soberanes confirmó que su bancada acompañaría el Plan B, toda vez que resulta éticamente inaceptable que el servicio público se convierta en un espacio de excesos.
El priista Emilio Suárez Licona acusó que el Plan B no es una reforma de austeridad, sino de control político y centralista, porque pasa por encima del federalismo al imponer desde el centro cómo deben integrarse los Ayuntamientos y fijar límites presupuestales a los Congresos locales desconociendo su autonomía.
Suárez Licona advirtió que si bien la reforma se presenta en una estrategia para reducir costos, esa hipótesis descansa en un diagnóstico equivocado, ya que sólo en 59 municipios superan el umbral de 15, de ahí que con la reforma se eliminarían 703 regidurías, es decir, el 4.2 por ciento del total.
El legislador detalló que esto implicaría ahorros por 31 millones de pesos mensuales que, dividido entre los municipios afectados, representara alrededor de 536 mil pesos por municipio.
“¿Qué transformación real puede lograrse con una cifra así?”, cuestionó.
Su compañero de bancada, Alejandro Domínguez, advirtió que el ahorro generado por la reforma será insignificante, ya que el verdadero dispendio está en la Federación, en obras como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, que “se descarrilan y cobran vidas”, en la refinería de Dos Bocas, que se incendia y se inunda y en el AIFA, que opera en un 20 por ciento.
Domínguez subrayó que la reforma carece de la consulta que establece la Constitución ante reformas que afecten a los municipios o a las comunidades y pueblos indígenas.
“La gente pide que los escuchen, que escuchen los problemas de inseguridad en el país. ¿Qué pide la gente? La gasolina a 10 pesos que ofrecieron; ahorita cuesta casi 30 pesos. ¿Qué pide la gente? Más medicinas, más hospitales, más doctores. ¿Qué pide la gente? Y lo digo con mucho respeto, pero con mucha firmeza, la gente pide que se dejen de hacer pendejos y se pongan a gobernar”, señaló.
La panista Carmen Rocío González acusó a la mayoría de pasar por alto el artículo 73 de la Constitución que no faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de organización política y administrativa de los estados y los municipio.
Advirtió que también ignoraron la soberanía de los estados y los municipios en lo que concierne a su régimen interior
“El fracaso de la Presidenta plasmada en el Plan B y en esta minuta no lo puedan pagar los estados y los municipios () Ahora pretenden convertir a los municipios y a los estados en meras oficinas de trámite del gobierno, urge defender al federalismo. 2 mil 64 millones de pesos es el ahorro pírrico que los congresos tendrán por esta a la que disfrazan de austeridad, pero que en la realidad se trata de mayor concentración de poder”, afirmó.
En su turno, la también panista Annia Gómez criticó que el Congreso discuta una reforma electoral cuando en el país hay una crisis de desaparecidos.
“Hoy están aquí afinando reglas políticas mientras hay ciudadanos que ni siquiera pueden enterrar a sus propios hijos. Hoy discuten cuántos regidores debe haber mientras hay familias que no saben si su hijo sigue con vida en serio. ¿De verdad esa es la prioridad para Morena?”, cuestionó.
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