La resolución que acaba de tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a otorgarle poderes abusivos a la UIF para congelar cuentas sin orden judicial configura una barbaridad jurídica, en la que se VIOLAN -cuando menos- dos sacrosantas garantías individuales que nuestra Constitución precia por encima de todas: 1. La presunción de inocencia hasta demostrada la culpabilidad, y… 2. El derecho a la propiedad, pues autoriza su despojo al ciudadano sin garantía ni defensa alguna.
Una vez más queda demostrado el tremendo abuso de poder cometido por éste y el anterior Gobierno al politizar al Poder Judicial, destruyendo su independencia y autonomía. La aplicación de esta medida deja al ciudadano en lo que jurídicamente se conoce como “estado de indefensión”, es decir, que se privilegia el poder del Estado por encima de los derechos del ciudadano. Algo que acontece sólo en las dictaduras.
Solo la ministra Yasmín Esquivel se opuso y advirtió el riesgo de la arbitrariedad: ¡bravo por ella! Demostró que conoce y respeta las garantías individuales que a todo ciudadano nos concede la Constitución, algo que los otros ministros parecen desconocer y se entregan al poder omnipotente del Ejecutivo para facultarle la persecución -vía la UIF- a sus críticos o adversarios políticos, y en general a cualquier ciudadano que no se alinee con los caprichos del Gobierno.
El pretexto de que se requiere este cambio de criterio para combatir el lavado de dinero es otro embuste colosal, pues ya existían leyes que sirven al mismísimo propósito.
El criterio adoptado faculta al Poder Ejecutivo a cometer cuanto abuso se le ocurra bajo el pretexto que le dé la gana, pues la UIF -finalmente- depende del Poder Ejecutivo, esto es, del Presidente en turno, quien en esta “democracia” domina todo: jueces, Legislativo, Sedena, SSPC, SAT, UIF, Hacienda; ello dentro de un marco en el que ha exhibido extrema intolerancia a la crítica o a la disidencia. Aquí rige sólo el criterio de la cuatroté y esto no sólo en lo doméstico, sino incluso hacia el exterior.
Clarísimo ejemplo hemos tenido ante la conclusión de expertos sobre desapariciones forzadas en México que realizan estudios para la ONU, en el sentido de recomendarle al Secretario General de este organismo que lleve a la asamblea de Naciones Unidas el tema. Para variar, el Gobierno del autoritarismo descalificó a los expertos y sacó a relucir -una vez más- la soberanía, argumentando que el Gobierno mexicano no desaparece ni dispensa las desapariciones. Ello cuando el informe jamás acusa al Gobierno mexicano: en todo caso, se puede deducir que, al incrementar las desapariciones en México, es un indicio de que el Gobierno no cumple con su responsabilidad de “guardar y hacer guardar” el orden.
A segundos de que se divulgó el reporte, los cuatroteros ya se habían puesto el saco; así de cochina traerán la conciencia ante el hecho de que en este País reina la impunidad para los cárteles, sus integrantes y los políticos que los protegen.
Las incongruencias del régimen brincan como chapulines por todos lados: afirman, por ejemplo, que la inconstitucional decisión de la SCJN para facultar a la UIF de apropiarse de las cuentas ajenas, sin orden de juez de por medio y a criterio del burrócrata en turno, se acordó como herramienta para combatir el lavado de dinero. ¿Y qué con los fajos de billetes que en bolsas recibió un hermano del Presidente, quesque para “las campañas”? ¿De dónde venía ese dinero? ¿Por qué no se notificó al IFE para que se contabilizara? ¿Y por qué lo recibe un ser que lo toma a título personal y por relación sanguínea con el Ayatola Macuspeño? Y la gran pregunta: ¿cómo es que, ante la evidencia clarísima, videograbaciones y la aceptación de su hermano -el inquilino de “La Chingada”- de que “era dinero para la campaña”, el individuo fue exonerado por las mismas autoridades cuatroteras que ahora podrán confiscar el dinero ajeno sin decir “agua va”?
¡Y todavía tienen el cinismo de llamarse a sí mismos “demócratas”!, cuando claramente son todo menos eso.