Informalidad convierte a Puebla en foco rojo para bloqueos bancarios
PUEBLA, Pue., 9 de abril de 2026.- En Puebla, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquee cuentas bancarias sin orden judicial previa podría golpear con mayor fuerza que en otros estados debido a los altos niveles de informalidad económica.
Así lo advirtió Anselmo Chávez Capó, profesor de la Licenciatura en Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, quien señaló que entre 69 y 70 por ciento de la actividad económica en Puebla se mueve en la informalidad, muy por encima del promedio nacional.
Ese escenario convierte al estado en un terreno frágil pues miles de personas realizan depósitos, ventas o movimientos sin contar con todos los documentos fiscales que respalden el origen de sus recursos.
“Desde mi punto de vista, se violó la garantía de las personas al debido proceso y estamos dejando en la autoridad administrativa el derecho de audiencia y, sobre todo, la validación de la información que le presentemos, porque no hay un árbitro”, afirmó.
El especialista explicó que comerciantes, pequeños empresarios, transportistas, agricultores o personas que venden una propiedad familiar podrían ser señalados por “movimientos sospechosos” al intentar ingresar dinero al sistema bancario.
En esos casos, la UIF podría congelar sus cuentas de inmediato, sin que exista una orden de un juez y antes de que el afectado tenga oportunidad de explicar el origen del dinero.
La consecuencia sería una parálisis inmediata. Una familia podría quedarse sin acceso a sus ahorros; un negocio sin dinero para pagar nómina, renta o proveedores; y una empresa sin capacidad para operar.
“Ellos te congelan y ellos deciden con tu información si es o no es válida. Y si no es válida, de todos modos tú estarás moviéndote por el entorno legal, semanas, meses y hasta años”, sostuvo.
La Suprema Corte avaló esta facultad el 6 de abril, al considerar que el congelamiento de cuentas es una medida cautelar administrativa para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Con ello, la UIF podrá inmovilizar recursos sin necesidad de una orden judicial previa cuando existan indicios de operaciones ilícitas.
Para Chávez Capó, el problema en Puebla es que muchas actividades económicas son legales, pero ocurren fuera del entorno formal. Esa mezcla entre economía informal y nuevos controles bancarios podría provocar más bloqueos por errores, omisiones o falta de comprobantes.
A ello se suma que la nueva resolución de la Corte vuelve más difícil obtener un amparo rápido para recuperar el dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los recursos legales deberán resolverse en un plazo de hasta seis meses.
Ante este panorama, el especialista recomendó a los poblanos formalizar sus actividades, registrar ingresos y mantener documentación que permita acreditar el origen de su dinero.
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