Lo que debía ser una jornada para destrabar el conflicto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos terminó convertido en un episodio que profundizó la desconfianza. La Resistencia Estudiantil abandonó la mesa de diálogo tras denunciar una “provocación” en la Facultad de Nutrición: el intento de instalar cámaras y luminarias sin previo aviso, acompañado —según los testimonios— de personal administrativo y de personal de seguridad interna que son conocidos como Venados.
La escena fue interpretada como una violación directa al Acuerdo de Garantías de No Represalias, un pacto que sostiene la frágil arquitectura del diálogo. Los estudiantes hablaron de una “emboscada”, de hostigamiento y de un patrón de “madruguetes” que —afirman— se repite en otras facultades.
La Rectoría reaccionó con rapidez: condenó las acciones, ordenó investigar a la directora de Nutrición y se trasladó al sitio junto con visitadores de la Comisión de Derechos Humanos. Pero el daño ya estaba hecho. La confianza, que ya venía erosionada, se quebró un poco más.
Horas después, el diálogo fue suspendido de manera indefinida. La fecha tentativa para el regreso a clases —13 de abril— quedó en vilo. La rectora Viridiana Aydeé León acudió personalmente a Nutrición para escuchar a los voceros, quienes expresaron miedo por presuntas incursiones de policía y Guardia Nacional, además del intento de intervención física en el plantel.
La administración central anunció una investigación “exhaustiva” y posibles sanciones ejemplares. Pero la Resistencia fue tajante: no habrá nuevas mesas hasta que existan resultados concretos.
Lo cierto es que el diálogo ya venía estancado. La entrega tardía de documentos oficiales, la exigencia estudiantil de condiciones mínimas de seguridad y la falta de avances inmediatos en el pliego petitorio habían tensado la mesa desde temprano. Los estudiantes reclamaron que los planes académicos llegaron cerca de la medianoche, imposibilitando su análisis colectivo.
A ello se sumaron otros puntos de fricción: la exigencia de desconocer a la FEUM por falta de legitimidad, la crítica a la ineficacia de los protocolos de género y la demanda de infraestructura básica antes de cualquier regreso a clases.
En resumen: un diálogo frágil, una confianza rota y un conflicto que se profundiza.
Y entonces surge la pregunta inevitable.
¿A quién conviene que el diálogo fracase?
Porque los hechos muestran que:
- La Resistencia Estudiantil exige garantías claras y resultados inmediatos.
- La Rectoría intenta mantener la mesa abierta, pero enfrenta descontrol interno en algunas facultades.
- Actores no identificados —según la propia administración— podrían estar interviniendo sin autorización.
Si hay acciones que violan acuerdos, si hay incursiones no explicadas, si hay decisiones tomadas “a espaldas” de la mesa, entonces no solo hay un conflicto: hay alguien operando para que el conflicto no se resuelva.
En un escenario donde:
- el semestre está en riesgo,
- la legitimidad institucional está en disputa,
- y la comunidad universitaria exige certezas,
la pregunta deja de ser retórica y se vuelve urgente:
¿A quién le sirve que el diálogo se rompa?
¿A quién beneficia que la UAEM permanezca paralizada? ¿A quién conviene que la crisis se prolongue? ¿Quién gana si la confianza entre estudiantes y autoridades se destruye por completo?
La universidad está en un punto crítico. Y mientras no se responda esa pregunta, el conflicto seguirá avanzando en la dirección que más convenga… a quienes no están sentados en la mesa.
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