El Bloque Empresarial Fronterizo (BEF), a través de su coordinador, Thor Salayandía, reprobó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validara la facultad de congelar cuentas bancarias a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), conocida como la agencia “antilavado” del Gobierno federal.
Aseguró que la permisividad de congelar cuentas bancarias sólo por sospecha de actividades ilícitas y sin dar oportunidad de réplica previa avivará el temor entre los inversionistas, ahuyentándolos. Subrayó que esta medida seguramente llevará a más personas y empresas a la informalidad.
“Esto que declara la Suprema Corte, donde (desde la UIF) pueden bloquear cuentas bancarias sin que se lleve un debido proceso, un juicio, sólo por la sospecha de que operan con fondos ilícitos, está mal. No es parte de lo que debe tener un país que promueve la inversión”, manifestó.
El proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz, y que fue avalado por mayoría, asienta que la facultad de bloqueo de cuentas de la UIF es una medida cautelar y no una sanción penal, que requeriría control judicial previo. Según se especificó, será un acto de molestia temporal.
“Es muy lamentable que sigan avanzando en ese sentido, porque lo que va a pasar es que cada vez va a haber menos atracción de inversiones, cada vez te fiscalizan más sin tú tener la oportunidad para defenderte. Debe haber todo un proceso para que se pueda bloquear una cuenta”, dijo Salayandía.
Una minoría de legisladores de oposición del Congreso de la Unión alegó que la reforma atenta contra la presunción de inocencia, derecho de audiencia, debido proceso, seguridad y certeza. Señalaron que abre paso a la discrecionalidad y arbitrariedad.
“Debe haber otras soluciones, otros candados, pero no lo están trabajando de esa manera. Es muy desafortunado para el sector productivo, debe haber una investigación antes de que lleguen a un bloqueo y están tomándose atribuciones que no deberían”, puntualizó el titular del BEF.
Según las voces de los ministros a favor, esta nueva medida garantiza el derecho de la defensa y de audiencia, al tiempo que dará la posibilidad de ofrecer pruebas. Además, obliga a la UIF a emitir una resolución, impugnable ante tribunales, que esté debidamente fundada y motivada.